UNA CORTE “TRANSVERSAL”

Cuando el 8 de octubre de 2003 La Nacion puso en boca del senador José Luis Gioja aquello de que a “A Moliné lo tenemos que suspender ahora porque fue el turro que nos tuvo agarrado de las bolas con el corralito durante el gobierno de Duhalde (Eduardo)”, me pareció que en ese momento comenzaba el juicio político que se ventila en el Congreso, pero cuando a los pocos días dicho legislador desmintió la versión pensé que el juicio había terminado.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O’Connor fue suspendido, con el voto de 40 senadores contra 18, fundados en el inconstitucional artículo 4 del Reglamento de Juicio Político del Senado, ya que la Ley Fundamental no prevee esta suspensión.

El motivo por el que el presidente Néstor Kirchner y su ministro de justicia Gustavo Beliz declararon la guerra a los integrantes de la Corte Suprema y se puso en marcha este juicio político fue el anuncio de que se iba a dictar el fallo en el caso “Lema”, sobre el “corralito”, como lo había sido el fallo del ahorrista “Smith”, el que provocó el anterior y fracasado juicio a todos los integrantes de la Corte, durante en el gobierno de Duhalde. 

El juicio político es como dijo Summer “un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político tan solo”, pero en este caso se ha traído al Senado una acusación que no es política y que pretende convertir a este Cuerpo en una instancia judicial superior a la Corte, para revisar las causas “Meller”, Macri” y “Magariño”, donde no hubo “delitos” ni “crímenes comunes”, y el supuesto “mal desempeño”, consistiría en los criterios judiciales que Moliné compartió con otros ministros de la Corte -que inexplicablemente no están sentados hoy en el banquillo de los acusados- y que confirmaron decisiones tomadas por otros jueces inferiores. 

En el caso “Macri” 16 jueces, junto a Moliné, fallaron que no hubo contrabando; en “Meller” la mayoría de la Corte rechazó un recurso contra una decisión arbitral, en base a una jurisprudencia reiterada desde 1957, y en “Magariños” se trató de interpretaciones dispares de la Corte y el Consejo de la Magistratura respecto de quién era competente para aplicar una multa de menos de $2000 a un juez inferior. El Congreso aseguró “las garantía de la independencia de los jueces en materia del contenido de sus sentencias” (art. 14 Ley 24.937), cuando atribuyó al Consejo de la Magistratura facultades disciplinarias sobre los magistrados, y este criterio no puede variarlo ahora.

Los argentinos esperaban después de los discursos del presidente de la Nación y su ministro de justicia que íbamos a tener un juicio político en donde se enjuiciaría a la tan mentada “mayoría automática” de la Corte, que se gestó con el aumento de 5 a 9 de sus miembros en 1a era “menemista”, y que cambió a dos de sus integrantes con el Pacto de Olivos -entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín-, que se iba a discutir los motivos del desprestigio de los integrantes del Alto tribunal y que con ello se iba a “oxigenar” a la Justicia. Nada de ello es lo que se discute hoy en el Senado.

Cuando fui testigo en el juicio público al ministro Moliné recordé que sería lamentable que vuelva a pasar lo que ocurrió en 1947, al inicio de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando se destituyeron a tres jueces de la Corte –Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía-, y se provocó la renuncia de otro –Roberto Repetto-, con el pretexto de que habían declarado inconstitucionales a varias decisiones del gobierno militar surgido del golpe de estado de 1943 al que habían reconocido por una acordada, para designar una Corte “peronista”. Hoy los nietos de esa generación sabemos que se los destituyó por el mezquino propósito de tener una Corte “adicta”, y no las acusaciones por lo que se fueron condenados, y esta es la razón por la que la historia los ha absuelto a los jueces removidos.

El Senado, si Moliné es destituido por haber firmado estos tres fallos de la Corte, hará pensar a nuestros nietos que no fue por “mal desempeño” sino para crear las vacantes necesarias para hacer una Corte “transversal”, acorde con la ideología del gobierno de turno. No es esto lo que prometió, en el discurso inaugural de su gobierno, el presidente Kirchner cuando prometió respetar las instituciones.

'Juicio Político de Moliné O'' Connor (MS Word)'

8 - Infobae - 10 de noviembre de 2003

El testigo Jorge Gentile recusó las razones del juicio político

Los cargos contra Moliné no justifican la destitución

El constitucionalista consideró que Ricardo Falú "eligió mal" las razones para acusarlo. Existen otras causales que sí lo podrían justificar, aseguró, de ser probadas

El único testigo pedido por la defensa del ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor que pudo declarar verbalmente en el marco del juicio político que lleva adelante el Senado, aseguró que "jurídicamente" no existen razones para su destitución. "Se ha traído al Senado una acusación que no es política y que pretende convertir a este cuerpo en una instancia judicial superior a la Corte", según consideró el abogado, ex diputado de la democracia cristiana y profesor universitario en Córdoba, Jorge Gentile.

El letrado consideró, en cambio, que si la acusación se hubiera basado en hechos que demostraran la existencia de una "mayoría automática" adicta al gobierno de Carlos Menem, como pregona el Gobierno y sus propios acusadores, "sí hubieran existido razones que podrían justificar este proceso".

Las causales por las que se acusó formalmente a Moliné de supuesto "mal desempeño" están lejos de las razones que pusieron en marcha el nuevo proceso de juicio político - después del fallido intento durante el gobierno de Eduardo Duhalde -, y que antes de él también apuntó contra Julio Nazareno y luego contra Guillermo López y Adolfo Vázquez, explicó el letrado cordobés.

Gentile aseguró que en las causas "Macri", "Meller" y "Magariños" - que son las que fundamentan las acusaciones que elevó Diputados - no hubo "delitos" ni "crímenes comunes" y, por el contrario, se refieren a criterios judiciales que el acusado compartió con otros ministros de la Corte.

En ese sentido, aseguró que Moliné debería ser absuelto y retornado a sus funciones en el máximo tribunal, en el cual está actualmente suspendido. Sin embargo, tal como lo hizo ante los senadores, admitió que sí existen otras causales que por el contrario, sí hubieran justificado una acusación "más seria".

Los fallos por los que se lo acusa "confirmaron decisiones tomadas por otros jueces inferiores", agregó Gentile, luego de criticar a la Comisión de Juicio Político de Diputados, encabezada por el tucumano Ricardo Falú.

Este doble discurso de querer terminar con la Corte menemista acusándola de causales que nada tienen que ver con eso, es algo totalmente irregular. No es un juicio político en el sentido propio que lo establece la Constitución, consideró.

Corte adicta II

Si Moliné es destituido por haber firmado estos tres fallos de la Corte, graficó Gentile, "hará pensar a nuestros nietos que no fue por mal desempeño sino para crear las vacantes necesarias para hacer una nueva "Corte transversal", acorde con la ideología del gobierno de turno.

En ese sentido, Gentile advirtió sobre el peligro de una nueva "Corte adicta", que es un vicio que han tenido "todos los gobiernos en la Argentina, contrariando el espíritu de la Constitución y sus instituciones".

Creíamos que se iban a discutir los motivos del desprestigio del alto tribunal y que se iba a oxigenar a la Justicia, pero nada de eso es lo que se discute hoy en el Senado, concluye.

Carlos Sueldo

[1] María Angelica Gelli “”Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, segunda edición, página 464, La Ley SA, 2003.