Extraña que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el 26/8/21 haya rechazado por mayoría, y con la sensata disidencia del juez Luis Rubio,  en el caso “GARCIA ELORRIO AURELIO FRANCISCO C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL-AMPARO”,  un recurso donde se pedía una medida cautelar para suspender la expedición del misoprostol –que en la cantidad de 30 mil la provincia adquirió y distribuyó- para abortar (matar a niño/as por nacer) con el argumento, de Poncio Pilatos, de que: “el Poder Judicial  carece de atribuciones constitucionales” para revisar “en abstracto o para inmiscuirse”en los cambios o decisiones de política legislativa (ley 27.610) adoptadas por “el Congreso representante por antonomasia de la voluntad popular”.

No tuvo en cuenta lo expresado por el Fiscal General, Juan Manuel Delgado, siguiendo al  actor, de que “la Provincia ha reconocido en su responde que está entregando el misoprostol a menores de 18 años, cuando la ingesta de éste no está ni tan siquiera estudiado para niñas menores, no haya atinado a dictar la cautelar, y más aún la niegue alegando falta de verosimilitud, cuando tiene en autos la propia confesión de la Provincia. Más grave aún, el Estado Provincial en la Legislatura ha reconocido que lo está entregando en forma ambulatoria en CAPS (Centros de atención privada de salud), dispensarios o centros de salud municipales, todos de atención primaria, cuando el Plan de Gestión de Riesgos del producto exige sea de uso hospitalario con complejidad obstétrica. Tampoco se puede dispensar la entrega de la referida droga misoprostol a las madres gestantes, especialmente mujeres gestantes mayores de 18 años, en lugares que no sean Centros de Salud con capacidad de atender complicaciones obstétricas como lo establece el plan de control de riesgos del producto que se encuentra establecido en la página de farmacovigilancia de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)  donde se ordena que “la venta se realiza exclusivamente a instituciones hospitalarias con servicio de obstetricia.”

Además, agrega: “(…) que la droga tiene una tasa de fallos entre el 12% y el 25% de los casos, con lo cual muchas veces los niños terminan naciendo, pero con 35 tipos de anomalías detectadas. Que basta leer el prospecto que se adjunta para el producto Misop 200 para darse cuenta de lo terrible que es para un niño el misoprostol, ya que o lo mata o lo deja con severas discapacidades si nace con vida. Que de ahí surgen también las contraindicaciones y las reacciones adversas posibles para darse cuenta de a qué sometemos a nuestras mujeres con un aborto con misoprostol. Que el misop 200 que están entregando a las niñas omite maliciosamente en la parte final de su prospecto decir lo que dice el prospecto de Misop 25 y de todos los otros correspondientes a la misma droga,(…) y esto es que solo puede dispensarse en uso hospitalario exclusivo, no en un dispensario, o centro de salud no complejo aunque le avisen a la gestante que cuando venga la hemorragia vaya a tal dirección u hospital como pretenden hacer aquí con las niñas menores de 18 años a espaldas de sus padres. Que mucho menos puede dispensarse como lo quieren hacer en modo ambulatorio, porque las hemorragias vienen con mucha frecuencia y muchas otras cosas más que están mencionadas en el prospecto.”“Agrega que lo que es más grave es que el propio prospecto aprobado por la ANMAT (…), alerta lo siguiente: “Población pediátrica: El misoprostol es de uso exclusivo en adultos. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia en mujeres menores de 18 años.”

No leer el prospecto de un medicamento atenta contra el sentido común, no solamente para los que se lo quieren aplicar, sino también para los jueces que deben decidir con la “razón y justicia”, que exige el preámbulo de la Constitución Nacional, y que está inexplicablemente  está ausente en esta sentencia.

Por este rechazo a la suspender durante este año la entrega de este medicamento, ya han sido asesinado más niña/os por nacer que los muertos en la guerra de Malvinas.

                   Córdoba, septiembre de 2021.