En la Comisión Consultiva para la Reforma Política propuse un Plan de Trabajo consistente en el estudio y debate de tres dictámenes o tres capítulos de un único dictamen, que la misma debería emitir en 60 días, con los respectivas disidencia, si los hubiere.
         El primero definiría los fines de la reforma política, sobre la base del diagnóstico de la situación política actual en la provincia de Córdoba, y podría postular:
·        Poner la política al servicio del bien común y no de los intereses partidarios o
sectoriales. Y que las instituciones políticas y sus funcionarios deben estar al servicio de las personas, del ciudadano y de la sociedad política. 
·        Mejorar la calidad de la representación política para dar mayor legitimidad a la
autoridad pública del Estado, sus organismos y funcionarios.
·        Aumentar y mejorar la participación ciudadana en la política.
·        Cumplir con la Constitución y la ley y hacer más transparente la política.
·        Cumplir con las reglas de ética en el gobierno y la administración pública.
·        Hacer educación política y cumplir con la Constitución (art. 62 inc. 10) que exige que se enseñen en todos los niveles educativos sus normas, espíritu e instituciones. Y se haga lo propio en los medios de comunicación, universidades e instituciones de la sociedad.
·        Revisar la educación y capacitación de los dirigentes o futuros dirigentes políticos.
·        Fortalecer a los partidos políticos especialmente en lo que hace a su democracia
interna, la capacitación de sus dirigentes y la difusión de su ideario.
·        Hacer efectivo aquello que la idoneidad como condición para ejercer un cargo público.
·        Suprimir y limitar los fondos secretos o reservados, los asignados a la difusión de la actividad del Estado y se mejore el control de los destinados a campañas electorales y partidos políticos.
·        Respetar la división de poderes. 
·        Hacer más eficientes a los órganos de control, jerarquizar a los legislativos, y
hacer más independiente e idónea a la Administración de Justicia. Desjudicializar la actividad política y despolitizar la Justicia.
·        Incorporar nuevas tecnologías al funcionamiento de las instituciones políticas,
especialmente los medios electrónicos.
·        Mejorar las relaciones entre la política y las sociedades intermedias y las ONGs.
        El segundo dictamen debería referirse a las reformas electorales y revisaría:
·        Si debe mantenerse el actual sistema de votación, por boletas de cada partido; o
establecer un sistema de cédula única o adoptar el voto electrónico.
·        La forma de designación, capacitación y compensación de las autoridades de
los comicios (presidentes de mesa)
·        El uso y reglamentación de las listas sábanas, para personalizar más la representación y evitar que las cúpulas de los partidos impongan la listas de candidatos. Reglamentar el voto de preferencia para la elección de legisladores que se eligen por lista, previsto en la Constitución provincial.
·        Unificar el padrón masculino y femenino y hacer un padrón nacional electoral único.
·        Regular el voto de los sordomudos que no se dan a entender por escrito.
·        Facilitar, y evitar de hacer oneroso, la obtención de documentos de identidad y los cambios de domicilio.
·        Estudiar si se permite el voto por correo  para los funcionarios, fiscales o quienes
prestan servicios o los que estarán ausentes del lugar de votación el día de los comicios.
·        Estudiar si se permite el que se vote en cualquier centro de votación.
·        Estimular y reglamentar las elecciones internas abiertas.
·        Limitar el tiempo de las campañas electorales y regular el uso y publicación de
encuestas y sondeos de opinión, especialmente prohibirlas el día de la elección.
·        Replantear el cupo femenino, reducirla a las candidatura, y no a los cargos electivos, y evitar el nepotismo.
·        Facilitar a los candidatos la difusión de sus propuestas y promover debates en la
campaña electoral en la televisión y en las radios.
·        Evitar confundir a los votantes con palabras e imágenes que se ponen en las boletas o cédulas electorales.
·        Prohibir a los candidatos la entrega o promesa de asistencia social a sus votantes.
·        Prohibir la propaganda y difusión de la acción gubernamental durante las campañas electorales.
·        Hacer más rigurosos los límites y controles en el financiamiento de las campañas
electorales, y establecer controles eficientes e imparciales.
·        La injustificada multiplicación de los partidos políticos.
·        Las exigencias para hacer alianzas electorales y regular o suprimir las sumatorias de votos y el funcionamiento de las coaliciones entre partidos políticos después de las elecciones, que actualmente no está legislado. (
El tercer dictamen versaría sobre la revisión o el posible dictado de las siguientes normas:
·        Unificar pautas legislativas entre la Nación, las provincias y municipios, mediante leyes convenio que unifiquen los requisitos, exigencias y controles sobre los partidos políticos, las campañas electorales, los padrones electorales, la forma de elección y la simultaneidad de los comicios.
·        De la posible creación de una Junta Electoral Provincial, como existe a nivel nacional.
·        Sobre la  financiación de los partidos políticos y campañas electorales con recursos provinciales.
·        Revisar la composición y funcionamiento del Consejo de Partidos Políticos.
·        Flexibilizar el uso de la iniciativa y la consulta popular.
·        El Código Electoral, la ley orgánica de partidos políticos, la que crea el juzgado electoral, la de cupo de género, la ley orgánica municipal y las cartas orgánicas municipales.
·        Si debe reformarse la Constitución provincial, en especial en lo referido a la no
simultaneidad de las elecciones, al sistema electoral para elegir legisladores, gobernador y tribunos de cuentas, constitucionalizar el Consejo de la Magistratura, dar autonomía al Fiscal General, suprimir el premio a la mayoría en las elecciones de concejales, y restablecer la bicameralidad.
            Aunque este plan no fue adoptado por la Comisión creo que los temas que contiene pueden ser un aporte para el imprescindible debate que debe preceder a la Reforma Política.
                                                Córdoba, marzo de 2008.