TEMA DEL MOMENTO

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LAS CAJAS DE LA POLÍTICA

JORGE HORACIO GENTILE 

En el año 2002, en plena crisis y pocos meses después que renunciara el presidente Fernando de la Rea, cuando sólo se escuchaba decir: “que se vayan todos”, se dictó la ley 25.600 para regular el financiamiento de los partidos políticos, que fue, junto a la 25.610, que modificó tímidamente el Código Nacional Electoral, la únicas reformas políticas que se le logró arrancar al Congreso. Su aplicación fue un fracaso, la crisis de los partidos se agravó, y la transparencia y el control de sus fondos y, en especial, el de las campañas electorales no mejoró.

      La necesidad de regular el financiamiento de la política, tiene más que ver con el control de los recursos que el Estado destina a la misma, y los, muchas veces, cuantiosos que emplean sus candidatos en las campañas electorales, que los que disponen los partidos, los que, en general, son deficitarios. Otra necesidad a atender, por mandato constitucional, es la de la educación política, que los partidos deben hacer a dirigentes, militantes y ciudadanos.

       Los partidos y las alianzas electorales se sostienen con las contribuciones de sus dirigentes y afiliados, más los aportes que hace el Ministerio del Interior, a través del Fondo Partidario Permanente regulado por la 25.600, de acuerdo al número de votos que obtuvieron en las elecciones. Aportan, además, los bloques legislativos y los legisladores, con un porcentaje de sus dietas, y cuando los partidos están en el gobierno, de los sueldos de los funcionarios o empleados afiliados.

     El voluntariado, compuesto de dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, de los partidos, aportan horas de trabajo, locales, medios de transporte y los más diversos servicios; que van desde la organización de los comicios internos y la fiscalización de los generales, la organización y participación en giras y en actos públicos, el transporte de quienes participan en los mismos, la confección e instalación de carteles, banderas, la contratación del sonido, seguridad y difusión por los medios de dicho eventos. Los técnicos, profesionales, artistas e intelectuales colaboran al elaborar documentos, discursos, programas, material para publicaciones, encuestas y markerting. La tarea de apoderados y contadores la sirven profesionales. Todo esto tiene un costo económico que es dificil estimar, comprobar, contabilizar y volcar en balances, como exigen los que intentan aplicar la ley 25.600.

     La campañas electorales, en estos tiempos, son muy caras, especialmente por el empleo de la televisión, las encuestas y el marketing, que requieren, en nuchos casos, contratar costosas consultorías y agencias de publicidad. Es sabido, aunque sea reprochable y difícil de probar, que las cajas políticas se nutren de los fondos reservados de organismos del Estado, como los de inteligencia, cuyo presupuesto, como es obvio, no se publica. A ello se agregan los aportes de empresas o empresarios, muchos ellos contratistas del Estado, y las colaboraciones de entidades privadas, subsidiarias del Estado. Los voluntarios que trabajan para los partidos o candidatos muchas veces son empleados del Estado, designado por funcionarios que llegaron a esa posición por el partido, o son aspirantes a estos empleos o beneficiarios de planes sociales.

      El fracaso de la aplicación de la ley 25.600 se debe a:

· Lo difícil que es controlar recursos que se desplazan en una economía que en gran medida es en negro y donde el trabajo del voluntariado es muy significativo;

· Que las campañas electorales se hacen, muchas veces, fuera de los partidos y con una fuerte participación de las empresas de marketing o publicidad y el alto costo de ellas se paga con recursos que tiene su origen en fondos reservado del Estado o por contribuyentes privados que no quieren mostrarse como tales, ya que tienen intereses en la gestión estatal;

· Que el Estado federal, las provincias y muchos municipios legislan respecto de los partidos poniendo exigencias, controles y sanciones que no se compatibilizan entre sí.

· Que la demora en la entrega o la no entrega de los aportes del Fondo Permanente Partidario a los partidos o alianzas dificulta su funcionamiento y las rendiciones de cuenta.

· Que no sortear a partidos, sin razón justificada, los espacios gratuitos en los medios y las exigencia, a veces absurda, de sus directivos para su uso, causa daños irreparables;

· Que la provincia de Córdoba y los municipios no aportan recursos para los partidos y las campañas electorales, pero le exigen a los partidos presentar sus balances y tener sus contabilidades al día, al mismo tiempo que tienen que hacerlo ante la Justicia federal.

· Que las rendiciones de cuentas tropiezan con la dificultad de diferenciar los fondos aportados por el Ministerio del Interior que se dedican a campañas electorales nacionales, provinciales o municipales, que algunas veces son simultánea y otras con muy poco tiempo de diferencia, de los dedicados a los gastos partidarios y que, por cierto, están vinculados a la campaña.

· Que para su control se exigen engorrosos y costosos balances y comprobantes para demostrar el movimiento de fondos que el Estado aportó a los partidos mucho después de la campaña electoral, o porque, directamente, no hubo recursos que justifiquen estos balances y trámites, o los mismo fueron insignificantes, y los tribunales, para controlar, se valen de peritos contadores que poco y nada conocen de los partidos.

· Que las cajas de los partidos y candidatos, les cuesta conseguir contribuciones, ya que, muchas veces, las empresas y los empresarios, se niegan aportar, aunque si lo hicieran no infrinjan ninguna ley; en alguno casos sus donaciones las esconden pagando una cena a beneficio o una publicidad en el programa donde el candidato expone sus ideas;

· Las exenciones impositivas que gozan los partidos muchas veces no son respetadas por los aparatos impositivos del Estado, que los emplazan o accionan para cobrarle impuestos a los partidos que están eximidos. Es casi imposible conseguir que el AFIP declare una exención.

· La capacitación o educación política es deficiente en los partidos, salvo honrosas excepciones, y los fondos destinado a ello no están precisados en lo que abarcan.

     Especialmente en los últimos tiempo, se han creado partidos que son sólo un sello de goma, estructura jurídica que habilitan a presentar candidatos en las elecciones o integrar alianzas electorales, y que gozan de las ventajas de las exenciones impositivas y los aportes del Estado. Algunos de ellos se transfieren a otros emprendimiento políticos, de postulados diferentes o contrarios. Estas estructuras sirven a los perdedores de las elecciones internas, o a los que no quieren presentarse a ellas, para candidatearse “por fuera” del partido, o integrarse a alianzas electorales.

      La falta de reglamentación de las alianzas electorales; cada vez más empleadas por la debilidad de los partidos, y las posteriores coaliciones en bloques legislativos o gobiernos, no previstas por la ley; dificulta el manejo, balance y control de sus fondos y ha perjudicado a muchos partidos, sancionados por pertenecer a ellas, aunque no haya manejado sus fondos o hayan tenido que ver con la presentación o no de los balances de dichas alianzas. Esta dificultad, también ocurre, aunque en menor medida, cuando hay “sumatoria de votos”, creación cordobesa reconocida por la jurisprudencia y no prevista por la ley.

      Estas dificultades, o la decidia de algunas autoridades partidarias, ha hecho que, en este momento, algunos partidos estén suspendidos en su personería o no estén cobrando los aportes del Estado y que, en la últimas elecciones, no hayan participado del sorteo de espacios gratuitos.

      Para modificar esto sería importante pensar en:

· Dictar una ley convenio nacional sobre partidos, alianzas, sumatorias de votos, coaliciones y su financiación, a la que adhieran las provincias y los municipios que unifique las exigencias y simplifique los controles.

· Limitar en las campañas electorales el uso de los medios de difusión a los espacios gratuitos concedidos por el Estado, como existe en otros países.

· Controlar los recursos de Estado para que no se desvíen indebidamente a campañas o a partidos y las cámaras dicten Códigos de Ética que regulen el empleo de fondos que disponen los legisladores.

· Que las exenciones impositivas sean de pleno derecho sin que los órganos recaudadores deban declararla.

· Los mayores controles y sanciones deberán hacerse sobre las campañas millonarias, por las que nunca nadie fue sancionado, y no en los, muchas veces, modestos recursos de los partidos.

      Estas propuestas contribuirán a fortalecer y hacer más confiables a los partidos y más transparente el manejo de las cajas con que se financia la política.

Córdoba, agosto de 2006. 

(*) Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, fue diputado de la Nación y es vicepresidente 1º y apoderado del Partido Demócrata Cristiado de Córdoba.