El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo (PE)  al Congreso tiene por propósito “reformar” la Justicia federal para cumplir con el pacto que se concretó con la fórmula presidencial, entre Alberto y Cristina Fernández (CFK), que era absolver o indultar a Florencia, Máximo y Cristina Kirchner de las causas criminales que se ventilan en los tribunales federales. Si CFK, que tenía los votos, hubiera sido presidenta no hubiera podido auto indultarse. 

Por ello, en este año que no hay elecciones, se intenta aumentar el número de jueces de la Corte Suprema, y dividirla en salas, lo que contradice a la Constitución Nacional (CN), que habla de “(…) una corte suprema de justicia (…)” (art. 108). Además, se quieren crear infinidad de juzgados federales penales, para licuar la atención de los expedientes donde se tramitan esas causas, y así poder absolver a los Kirchner y a sus posibles cómplices.

Normalizar la Justicia

La Justicia Federal antes de reformarla hay que normalizarla. Y cubrir todas las magistraturas vacantes, que son casi 300 sobre un total de 990 cargos. El presidente tiene los pliegos para su designación de más de 150 de ellos en su despacho sin enviarlos al Senado para que les preste acuerdo. 

Lo segundo, es pasar la mal llamada justicia “nacional”, equivalente a la de las provincias, a la CABA, con lo que se reduciría a la mitad la cantidad de magistraturas federales y la gran cantidad de expedientes que recibe la CSJN, ya que los que se tramitan ante estos jueces se recurrirán al Tribunal Superior de la CABA y no a la abarrotada Corte.

Hay que disponer que los recursos que atiende la Cámara Nacional de Casación Penal con sede en la CABA, de los fallos de los tribunales orales penales de la provincias, sean resueltos por la respectivas cámara federales del interior, para cumplir mejor con lo que dispone la CN al afirmar que: “(…) estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito (…)” (art. 118 CN).

Las cortes o tribunales superiores de provincias y de la CABA deben convertirse en tribunales constitucionales, y dejar de serlo de primera, segunda o tercera instancia de los tribunales locales. De ésta manera, se limitarían a resolver cuestiones constitucionales y de “arbitrariedad”,lo que absorbería muchas causas que hoy llegan y resuelve la CSJN, que falla un promedio de 15 mil por año y que en 1998 dictó 46.435. La Suprema Corte de los EEUU resuelve sólo un centenar por año.

Reforma de la Justicia

Normalizada la Justicia, habría que;

• • reducir los centenares de miles de juicios previsionales que atienden los tribunales federales, con motivo de que ANSeS y el Estado Nacional los chicanean para demorar sus pagos, desconociendo la jurisprudencia de la CSJN y los derechos de los más vulnerables. De los 9 jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que atiende más de 120 mil juicios, hay 6 vacantes.
• • Agregar a las causales del recurso extraordinario (art. 14 de la ley 48) los de "arbitrariedad", ampliar el plazo para interponerlos y suprimir el depósito de $ 100.000 para presentar una queja.
• • Autorizar a la CSJN a que dicte un código de estilo, que haga más breves y concretas las resoluciones y escritos, y que termine de digitalizar todos los expedientes.

¡Ni una palabra de esto tiene el proyecto del PE!

El proyecto

Crea 94 juzgados federales penales en el interior y eleva a 46 los de la CABA, y autoriza a designar una gran cantidad de jueces subrogantes.

Córdoba quedaría con 5 juzgados federales penales y, a pesar de que tienen menos habitantes, la CABA tendrá 46, y la provincia de Santa Fe 10. El juez de Villa María se hará cargo de la secretarias penal del juzgado de Bell Ville. 

¡Un despropósito!

Con esta "reforma" el ideal de una Justicia independiente, igualitaria, eficaz y ágil quedaría, otra vez, postergado.

                          Córdoba, agosto de 2020.