Introducción

En este momento en que se discute el futuro del país nos parece oportuno poner de resalto la importancia que reviste de la educación frente a las grandes transformaciones impuestas en este siglo XXI, por la cuarta revolución industrial, donde se ha producido la mayor acumulación y procesamiento de la información de la historia de la humanidad, a través de las redes sociales, teléfonos inteligentes, tablets, Internet, Hawei, 5G, algoritmos, big data, inteligencia artificial, etcétera; a lo que debemos sumar el incontenible proceso de globalización, al que hay que agregar la Pandemia por el Covid 19; con todas las dificultades sanitarias, económicas, de crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, la informalidad, la corrupción y la violencia.

La educación -desde nuestra óptica- debe estar dirigida a que la persona humana, varón o mujer, desarrolle todas sus potencialidades, espirituales y materiales, junto a su familia y a la Sociedad Política de la que forma parte.

El Estado, como institución superior de la Sociedad Política y gerente del bien común, no puede desentenderse de la educación, de allí su responsabilidad indelegable, proclamada en la Constitución, de facilitar el acceso a la misma, hacer posible su permanencia, ocuparse de su organización, de su calidad y de su financiación.Una parte de la misma se define en la ley que está dirigida a lograr y mantener el orden público y a hacer posible el bien común.

La educación, que se inicia en la familia -que abarca, no solo los padres, sino también a los hermanos, abuelos, tíos, etc.-, debe estar encaminada al bien común social, y el Estado, debe atender las necesidades de los que la requieran; sean personas, familias, asociaciones o grupos sociales; para lo cual debe promover, estimular y proveer los servicios correspondientes.

La libertad de educar y ser educado, de enseñar y aprender es indispensable para que esta política pública sea posible, eficaz, y respete los derechos humanos.

La Constitución, como norma suprema fundadora de nuestra Sociedad Política y creadora del Estado, se refiere en grandes líneas, a la educación y señala el papel que juegan en la misma las personas; las familias; los padres o tutores; las confesiones religiosas; las sociedades intermedias; las instituciones y las comunidades educativas; las universidades, el Estado, en sus diversos niveles: federal, provincial, municipal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de los organismos internacionales (UNESCO, etc.).

El principio de subsidiaridad exige que las responsabilidades sociales en la educación comiencen en los padres, continúen en la familia, en las sociedades intermedias y en los distintos niveles del Estado, en el municipio, luego en la provincia y más tarde en el estado federal.

La educación como Política Pública

La educación fue siempre una política pública de todos los gobiernos constitucionales argentinos.

El primer presidente constitucional, Justo José de Urquiza, pocos días
después de asumir, el 5 de marzo de 1854, viajó a Córdoba, donde visitó la
única universidad que había entonces, que estaba a cargo de la provincia,
luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 -que la habían dirigido desde
1621-, y pocos meses después la nacionalizó (Universidad Nacional de Córdoba), junto al Colegio de Montserrat.

El presidente Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia realizó el
primer censo nacional en 1869 del que resultó que había 1.836 490 habitantes en el país. El 8 % del total eran inmigrantes europeos, el 70 % era población rural, y el 71 % del total era analfabeta. Creó, durante su mandato, unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total de 1816 escuelas, de las cuales el 27 % eran privadas; la población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 alumnos.

A fin de garantizar la educación primaria, trajo desde los Estados Unidos 65 docentes (61 mujeres y 4 varones) para los profesorados de primaria (Escuelas Normales); creó las primeras escuelas normales, tomando como ejemplo la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870[1]. Subvencionó la primera escuela para sordomudos, que era privada. Fundó los Colegios Nacionales de La Rioja, Santa Fe, San Luis, San Salvador de Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, San Nicolás de los Arroyos, y de Rosario. También fundó las escuelas de arboricultura y agronomía en San Juan, en Mendoza, y en San Miguel de Tucumán y en la ciudad de Salta.

El 1° Congreso Pedagógico Internacional de 1882

1.- Convocatoria y desarrollo: Este Congreso Pedagógico Internacional, se desarrolló en Buenos Aires durante abril y mayo de 1882 – el país tenía 3 millones de habitantes-, en el marco de la “Exposición Continental de la Industria”. Concurrieron más de 250 delegados y participaron las figuras más importantes de la política e intelectuales de la época.

Fue convocado por el ministro de Educación, Manuel Dídimo Pizarro, y por Domingo Faustino Sarmiento, quienes discreparon sobre su composición y metas. El Congreso debatió acerca de las ideas y principios que debían regir la educación pública. Fue un antecedente de la legislación escolar nacional (como ley 1420).

Fue el primer congreso del continente. Huborepresentantes de
Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,
Paraguay y Uruguay.

Diariamente asistían a las sesiones 300 personas, de todos los estratos de
la educación, desde preceptores hasta pedagogos y autoridades educativas, además de otras personalidades públicas. Participaron además mujeres, lo que era novedoso. Se garantizó la presencia de delegados de las provincias subsidiando su traslado.

La idea original fue de Onésimo Leguizamón, quien en 1874 era Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. En 1881, Manuel Pizarro, que ocupaba la cartera, retoma la iniciativa, con apoyo del Consejo Nacional de Educación del que Sarmiento era Superintendente. El Congreso tuvo lugar finalmente bajo la gestión del Ministro de Educación Eduardo Wilde en la primera presidencia de Julio A. Roca. Fue presidido por Onésimo Leguizamón.

2.- Debates: En el mismo se discutió sobre el estado de la educación, los medios para impulsar su progreso, el influjo de los poderes públicos en su desarrollo y el estudio de la legislación educativa.

Hubo tres áreas de debate: la intención de secularizar la educación, el
papel adjudicado a la sociedad civil, el Estado Nacional y las provincias en la dirección del sistema educativo, y las orientaciones pedagógicas.

Al principio se eliminó de la agenda el tema más álgido: la enseñanza de la religión en la escuela. Luego, la cuestión emergió y congresales católicos se retiraron del Congreso. Los debates acerca de la secularización de la educación enfrentaron a liberales y católicos.

Las conclusiones del Congreso Pedagógico señalaron la importancia:

· de la enseñanza gratuita en las escuelas comunes,

· la necesidad de establecer contenidos mínimos para la instrucción de los niños entre seis y catorce años,

· propugnaron también por la enseñanza conjunta de varones y mujeres, y

· por la administración propia de los recursos económicos de cada escuela.

Con la participación de la opinión pública se debatieron ponencias de especialistas sobre diferentes aspectos de una política educativa habiéndose editado siete publicaciones especializadas.

En ese entonces,

· una séptima parte de los niños argentinos concurría
regularmente a la escuela;

· no existía la conciencia en el conjunto de los padres sobre su deber de enviar a sus hijos a la escuela;

· la inmigración implicaba que muchos alumnos no conocía o tenían un nivel deficiente de conocimiento del idioma español;

· no existía un marco normativo para las escuelas;

· no había suficiente cantidad de docentes y muchos no eran idóneos;

· la cobertura edilicia era insuficiente;

· muchos alumnos llegaban con deficiencias alimentarias y bajas defensas; y

· faltaban maestros, escuelas, reglamentos, pero sí había entusiasmo y convicción por educar.

El Congreso también tuvo críticos y ausentes. Se cuestionaron el temario, su representatividad y hubo ausencia de algunos países. Sarmiento, Estrada y Avellaneda, tres figuras de la educación, no presentaron ponencias. Sarmiento, no asistió al Congreso –a pesar de haber sido designado presidente honorario del mismo-, aunque opinaba a través de los diarios.

El Congreso puso el acento en la necesidad de iniciar a los niños en la
lectura, alfabetizar a los adultos, brindar a la mujer -hasta entonces
excluida - la misma educación que al varón , garantizar la presencia de bibliotecas en todo el país y escuelas limpias, bien iluminadas y ventiladas. Se censuraron los castigos corporales, se aceptaron las escuelas mixtas y el introducir los jardines de infantes. Se acordó por unanimidad rechazar la injerencia del poder político en la vida escolar. Se aceptaba que la democracia representativa constituía la mejor forma de gobierno.

La instrucción cívica era necesaria para un país donde muchos de
los votantes eran analfabetos. La profesionalización docente también estuvo en debate, al igual que el estudio de una legislación educativa.

4.-Conclusiones del Congreso: apuntaron a la necesidad de:

· una enseñanza gratuita en las escuelas comunes;

· establecer contenidos mínimos para la instrucción de los niños entre seis y catorce años;

· la administración propia de los recursos económicos de cada escuela;

· fomentar la educación rural;

· que hubiera enseñanza de adultos en los cuarteles, destacamentos, guarniciones, en los buques de la armada, en las cárceles, en las fábricas, etc.;

· que en las naciones sudamericanas establezcan que toda escuela pública y privada enseñe las siguientes asignaturas: Idioma Nacional – Geografía Nacional – Historia Nacional – Instrucción Cívica, con arreglo al régimen político de cada país; y

· que en las escuelas primarias, como en las familias, se debía atender especialmente a la educación del sentimiento y la voluntad, cuidando de formar el carácter moral de la juventud; y

· contar con un número suficiente de escuelas normales para la formación de los maestros, los que debía tener "una remuneración equitativa y pagada con puntualidad" y no debería haber "destituciones arbitrarias".

El 2° Congreso Pedagógico Nacional de 1984/1988

1.- Convocatoria y desarrollo: Fue convocado por la Ley 23.114, sancionada en ambas Cámaras por unanimidad, en el año 1984. Raúl Alfonsín confió la organización del congreso a su equipo educativo, encabezado en 1984 por el ministro Carlos Alconada Aramburú, y el diputado Adolfo Stubrin, ambos con enfoques estatistas. El país tenía, entonces, cerca de 30 millones de habitantes.

Con el mismo se propuso generar un debate, a nivel nacional, en torno a la
crisis en la que se encontraba en ese momento la educación y sus posibles soluciones, definiendo su importancia y características. Según sus promotores, con la “apertura democrática”, la sociedad parecía dejar atrás, en forma definitiva, más de medio siglo de dictaduras discontinuas, encaminándose a elegir, de una vez y para siempre, a la democracia como forma de vida. Ello implicaba revisar todos los ámbitos de la sociedad, que se encontrarían “permeados de autoritarismo”. La escuela no sería la excepción. El “estado de debate” promovido por la ley se extendió hasta el año 1988, con la realización de la Asamblea Nacional final.

Se conformó una Comisión Honoraria de Asesoramiento, cuyos miembros fueron designados por el presidente Raúl Alfonsín. Estos asesores, por expreso pedido del presidente, elaboraron un informe que se conoció en 1987 con el título de Informe sobre posibles reformas del sistema educativo. A su vez, la Asamblea, reunida en Embalse, Córdoba, también produjo un escrito conocido como Informe Final de la Asamblea Nacional.

2.- Tres puntos centrales: la relación escuela y trabajo, la descentralización educativa y la extensión de la obligatoriedad escolar.

a) Escuela y trabajo. Partiendo de la base que se debe garantizar las condiciones morales y materiales para el consumo productivo
de la fuerza de trabajo, no resulta sorprendente, que una de las formas de la “reforma” que se propone, gire alrededor de la necesidad declarada de readecuar y reconvertir la fuerza de trabajo, activo o reserva, para seguir las “transformaciones del mundo contemporáneo”. Esta necesidad de formar a la fuerza de trabajo queda plasmada en el concepto de “educación permanente” mediante el cual se propone la estructuración de un “macrosistema de educación”, que articule el circuito formal de educación (nivel inicial de la vida) con el no formal (adultez). Se propone entonces que el sistema formal, el objeto de la reforma, esté pensado para brindar a las personas adultas la posterior capacidad para reconvertirse y adecuarse a las “nuevas” condiciones tecnológicas, utilizando el circuito no formal de educación. Para ello el circuito formal debe brindar los “conocimientos” y “entrenamientos” requeridos valorando la función pedagógica del trabajo.

La Ley Federal de Educación 24.195 (1993, derogada luego por la 26.206 de 2006) en su Artículo 5º rescata del valor pedagógico del trabajo. Encontraremos coincidencia también si interpretamos esta unión de la escuela con el trabajo, consagrada por el Congreso Pedagógico, con la creación del Consejo Económico Social que se promulga en la Ley Federal. Es decir, un grupo de asesores empresarios y sindicales como órgano consultivo del Consejo Federal de Educación. Así, detrás de “alfabetizar para una nueva cultura”, de “una nueva escuela para
el hombre nuevo” se agrega que “el sistema educativo actual no
prepara para la vida ni para el mundo del trabajo” se busca reacondicionar la fuerza de trabajo a las condiciones que exigen los nuevos tiempos.

b) Federalismo y descentralización. Se entendió que el “federalismo” quiere decir “descentralización”; y que fue interrumpido durante los regímenes de facto a partir de la imposición, en el plano educativo, de un centralismo autoritario. Para “democratización de la enseñanza” es necesario descentralizar la gestión y la administración, para que dé lugar a “un nuevo estilo de conducción participativa”. El centralismo coloca a la Nación “al borde de la desintegración” en tanto atenta contra la “comuna”, célula donde se forma la atmósfera cívica garante del orden y de la libertad nacional. La descentralización da lugar a la democratización del sistema educativo porque significa una abierta y necesaria participación de la comunidad, ejerciéndose en este acto la libertad real, la independencia y la
iniciativa, a partir de un “espacio de responsabilidades compartidas”. La
descentralización, además, cuenta con la ventaja de eliminar pesadas
estructuras superfluas, burócratas improductivos, etc. La Ley Federal de Educación no hace más que seguir esta “filosofía” (arts. 51º, 53º, 56º y 59º), promulga estos principios:

· el gobierno educativo debe regirse por criterios de descentralización (art. 53º), democratización, federalización (art. 51º) y participación;

· es obligación del poder ejecutivo de cada jurisdicción educativa planificar, organizar y administrar (artículo 59º);

· establece que los contenidos deben ser flexibles para que respondan a los requerimientos y necesidades locales (artículo 53º), es decir, regionalizar, garantizando la participación de la comunidad (artículo 56º);

· la regionalización no trata sólo de la gestión y administración sino también de los contenidos, los que deben adaptarse.

· la Ley habilita la participación de la “comunidad”, es decir, de los empresarios, en las instituciones educativas;

· los contenidos deben ser flexibles, respondiendo a las necesidades locales y regionales, de los distintos medios y lugares
propiciando el desarrollo económico de la región; y

· el sistema educativo en todos sus niveles debe contar con orientación laboral y técnico-profesional según los requerimientos regionales.

c)Aumento de la Obligatoriedad. uno de los cambios en la
estructura del sistema que impuso la Ley Federal (Título III) es el aumento
de la obligatoriedad del nivel primario y una reducción del secundario, que permanece optativo (los tan conocidos EGB y Polimodal). Tanto los asesores como los legisladores de la Asamblea Final proponen la extensión de la obligatoriedad escolar entre 9 y 11 años a partir del jardín de 5 años (preprimaria) porque, se argumenta que cuanto “más complejo” se vuelve el mundo más tiempo hay que invertir estudiando para descifrarlo.

Los congresistas claramente establecieron que descentralizar es desburocratizary dar “utilización óptima del personal disponible”.

3° Congreso Pedagógico Internacional o Nacional

Ahora que el país cuenta con 45 millones de habitantes, además de estar emplazado en un amplio territorio, que es el octavo más extenso del planeta, y atento los grandes y dinámicos cambios ocurridos en este siglo, y que antes señalamos, nos parece que es nuestra obligación de no esperar hasta la década del ochenta de este siglo, para convocar a un tercer Congreso Pedagógico nacional, con participación internacional como ocurrió en el primero, ya que la crisis en la educación también esta globalizada.

Hace ya medio siglo Hannah Arendt señalaba que la crisis de la educación que vivimos se inscribe en la crisis de transformación del mundo moderno que excluye el pensamiento moral en sus decisiones. Particularmente en la región que vivimos, como en tantas otras en el mundo, la realidad social que se presenta es contradictoria. Frente a los avances científicos y tecnológicos logrados, en nuestra sociedad nos encontramos con altos porcentajes de la población que padece la desigualdad, la pobreza, la informalidad y la exclusión.

En el campo educativo aúnno se cumple el derecho a la educación ni la obligatoriedad escolar definida por las leyes, por lo que muchos niños especialmente de la primera infancia quedan afuera y muchos adolescentes no ingresan o abandonan el sistema educativo. Las evaluacionesde los aprendizajes nos señalan que muchos de los alumnos que permanecen en la escuela no aprenden a leer, a comprender lo que leen o a realizar operaciones matemáticas básicas. También se encuentran serias dificultades en la relación educación y trabajo. La educación formal no prepara para tener un trabajo digno ni para atender las necesidades de mano de obra que la región necesita.Las instituciones educativas no responden a las demandas de la sociedad y de las características del contexto sociocultural en el que se encuentran.

Si sumamos a estas notas las consecuencias de la educación vivida en tiempos de pandemia y la imposibilidad de acceso a las tecnologías de Información y Comunicación de muchos de niños , jóvenes y adultos de nuestro territorio, lo que significa una nueva categoría de población analfabeta, la realidad hace evidente la urgente la necesidad de tomar conciencia de la situación que atravesamos. En este tiempo es fundamental repensarla importancia de la educación como factor esencial para superar la crisis que estamos viviendo como sociedad, como región y también como país, teniendo en cuenta el futuro que esta realidad anuncia, sobre todo para las generaciones de niños y jóvenes. Se hace urgente y necesario despertarnos como comunidad y convocarnos a la reflexibilidad para ser capaces de asumir esta realidad y de pensar los modos para actuar sobre ella.

Es por estas razones que considero que una ley debería convocar al Tercer Congreso Pedagógico Nacional, que se debería realizar con la más amplia participación de todos los niveles de enseñanza estatal y privada, familias, padres, estudiantes, docentes, especialistas en materia educativa, partidos políticos, organizaciones sociales, religiosas, empresariales y gremiales representativas.

Como lo fue en la ley que convocó el anterior Congreso, y como lo indican algunos proyectos presentados en el Congreso Nacional que proponen convocar a este tercer Congreso Pedagógico, el nuevo Congreso debería tener por objeto:

1.- Fortalecer la opinión pública respecto de la importancia y trascendencia de la educación en la vida de la República;

2.- Hacer un diagnóstico de los diversos problemas, dificultades y desafíos
que enfrenta la educación;

3.- Recoger opiniones y proyectos que sugieran soluciones a las
problemáticas planteadas.

4.- Estrechar lazos de fraternidad entre educadores argentinos y de otros países latinoamericanos, con vista a un intercambio fructífero de
experiencias y conocimiento.

5.- Efectuar propuestas que contribuyan a la elaboración de políticas
públicas.

Pero también debería agregarse que este Tercer Congreso debería considerar la urgencia de incorporar a la educación;

- las nuevas tecnologías;

- las nuevas problemáticas que derivan de la intensificación de la globalización, la pandemia, del cambio climático, los temas ambientales y ecológicos;

- los que tienen que ver con la formación religiosa y moral, y el procurar erradicar la violencia, el bullying y la corrupción;

- la necesidad de atender a la formación del sujeto ético;

- las costumbres y lengua de los pueblos originarios;

- preparar a los estudiantes y mayores para poder estudiar, investigar, innovar y trabajar con las pautas que impone el mundo de hoy;

- Valoración de la importancia de la educación en la primeros años de la vida (jardines maternales);

- Hacer efectiva las jornada extendida;

- La participación de los padres, la familia y la comunidad en la educación;

- La formación de líderes y dirigentes políticos y sociales, y

- El intercambio de alumnos, profesores e investigadores entre centro educativos y de investigación dentro y fuera del país.

- Hacer que las escuelas no cierren en todo el año y los alumnos puedan realizar en los mismos otras actividades (deportivas, culturales, etc.) fuera de los horas de clases y durante las vacaciones.

De este análisis surge como imprescindible que debamos considerar
prioritaria la reforma educativa en nuestro país, si queremos salir de la
crisis y del atraso que nos atormenta y nos mantiene aislados del mundo.
Para ello se hace necesario abrir un debate de política arquitectónica, como
el que se dio en los dos Congresos Pedagógicos que se realizaron en nuestro país, dejando de lado las “grietas”, y donde podamos acordar una “política educativa de estado”, para que se ponga en marcha cuando antes, teniendo en cuenta que los resultados no se verán de inmediato, y que no coincidirán con los plazos electorales que marca generalmente el ritmo de la política agonal. Un nuevo Congreso Pedagógico Nacional, una instancia de reflexión y discernimiento comunitario acerca de los sentidos y las necesidades de la educación son urgentes en esta especial coyuntura que vivimos, después de esta larga cuarentena que vivieron nuestros educandos, familias, colegios y universidades.

La propuesta de este tercer Congreso debe hacerse con la participación de todos los niveles donde se desarrolla la educación en nuestro el país, en el marco de la libertad de enseñanza, como ocurrió en los dos Congresos anteriores; y, si fuera posible, hacer participar a expertos de otros países, como ocurrió en el primero que se realizó en el siglo XIX.

En esta nueva era no podemos eludir la globalización, ya que estas reformas no son solo necesarias en nuestro país sino que es problema de toda la humanidad y todos deben contribuir a resolverla.

No quisiera concluir sin recordar antes; a los destinatarios de estas
líneas, que son los educando; las sabias palabras que el presidente Barack
Obama pronunció, en una escuela media de Arlington, Virginia: “Pero en
última instancia, aunque contemos con los maestros más dedicados, con los padres más dispuestos a apoyar la labor educativa, con las mejores escuelas del mundo, nada de esto importará a menos que todos ustedes cumplan con sus responsabilidades, a menos que asistan a esas escuelas, a menos que presten atención a esos maestros, a menos que escuchen a sus padres, a sus abuelos, a los demás adultos y, sobre todo, a menos que estén dispuestos a realizar el duro trabajo que se requiere para alcanzar el éxito. Cada uno de ustedes es el responsable último de su propia educación”.

Córdoba, agosto de 2021