LA AGENDA CONSTITUCIONAL DE CORDOBA

Es inminente la reforma política en la Provincia de Córdoba, que no puede hacerse sin modificar la Constitución, con o sin la consulta popular previa, propuesta por Unión por Córdoba a iniciativa de la Democracia Cristiana. Hay consenso político, sólo falta definir la fecha y los temas de la agenda. Parece inútil discutir quién es el padre de la criatura, las posiciones que tuvimos en el pasado o si alguien quiere hacer de esto una cortina de humo. 

Debemos abrir el debate ya que la reforma constitucional, aunque sea parcial, es una tarea delicada, que exige seriedad, estudio, asesoramiento de expertos e interesados y un accionar muy trasparente, austero y acotado en el tiempo de la multitudinaria convención -que exige la Constitución- de 133 constituyentes. 

Estos son los temas propuestos y que pueden integrar la agenda de la constituyente:

1. Reducir la Legislatura bicameral de 133 miembros a una cámara de 70, como en el proyecto que presentamos con José Manuel De la Sota en la Convención de 1987 (en el mismo era de 76, el número de senadores y diputados que tenía la Legislatura de entonces) y como quería el gobernador Ramón Mestre. La mitad aproximadamente elegidos en los departamentos o regiones y el resto en una lista proporcional, con voto de preferencia -para terminar con la lista sábana-, en distrito único y sin el piso del 2 por ciento. 

2. El procedimiento de sanción de las leyes, con la Legislatura unicameral, deberá ser con doble lectura. Hay que abolir la aprobación tácita o ficta de las leyes, o sea sin votarla, en el trámite de urgencia, y la facultad de delegar la aprobación de las mismas en las comisiones internas. En el del juicio político se dividirá la Cámara en dos salas, una acusadora y otra que juzgará a los funcionarios sometidos al mismo. 

3. Dar rango constitucional el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores, jueces y abogados, que seleccione y proponga al Gobernador, con carácter vinculante, los candidatos a jueces inferiores, incluido los de paz o vecinales; que dirija la Escuela de la Magistratura y, eventualmente, sea Jurado de Enjuiciamiento. Abolir el trámite secreto del acuerdo del Senado a los jueces y funcionarios y fijar una mayoría especial para el de los vocales del Tribunal Superior y Fiscal General.

4. Unificar los mandatos del Gobernador y de los legisladores para que las fechas de elecciones y el inicio y fin de los mandatos, no sea diferente, como ahora.

5. Establecer un Ministerio Público Fiscal extra poder, o sea separado del Poder Judicial, como es ahora, y del Ejecutivo. 

CONDADOS

6. Darle una jerarquía institucional, similar a la de los condados de los Estados Unidos, a los entes regionales provinciales, para que los mismo realicen obras y servicios que descentralice la Provincia y que le encomienden municipios y comunas. 

7. Abolir los privilegios de legisladores y altos funcionarios, garantizándoles la libertad de debate.

8. Sustituir los tribunales de cuentas, provincial y municipales, por un sistema de Contraloría, unipersonal, como en toda América, donde sólo quedan tribunales de cuentas en Brasil y Uruguay (El Salvador tiene una Corte de Cuentas). La Nación estuvo a punto de crear una Contraloría, cuando cambió su Tribunal de Cuentas (ley 24.156), pero se quedó a mitad del camino, y lo reemplazó por dos órganos híbridos, la Auditoría -incorporada luego (en 1994) a la Constitución- y la Sindicatura General de la Nación, dependiente del Presidente de la Nación. El Contralor debe intervenir, antes y después, de las inversiones y gastos, y controlar la gestión y legalidad de los actos administrativos que dispongan de fondos públicos.

9. Disponer la elección o designación de vicegobernador cuando falte, como ocurre ahora con la renuncia de Germán Kammerath, y completar el orden de sucesión en caso de acefalía.

10. Autorizar a las Legislatura a enmendar la Constitución con una mayoría especial y una posterior consulta popular sólo por un tema por año, para evitar costosas convenciones.

11. Establecer la proporcionalidad, sin premio para la mayoría como ahora (mitad más uno), y el voto de preferencia, para la elección de concejales, y normas de austeridad respecto de sus dietas.

12. Permitir las candidaturas independientes y terminar con el monopolio de las mismas por los partidos, estimular las elecciones internas abiertas y controlar los fondos de campañas electorales. 

Aunque no se trate de una reforma integral de la Constitución los ingredientes de éste menú de temas requieren para su implementación de una verdadera reingeniería constitucional, lo que hace imprescindible estudiar y debatir, que es lo que proponemos.

Córdoba, mayo de 2001.