Instituto de Derecho Público "Fray Mamerto Esquiú" De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba

Señoras y Señores

En el día de hoy, 20 de agosto del 2002 , tenemos el honor de inaugurar, en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Instituto "Fray Mamerto Esquiú" para el estudio y la investigación del Derecho Constitucional y el Derecho Público. Este nuevo emprendimiento viene a llenar una sentida necesidad dentro de nuestra Facultad donde funciona ya, desde hace algunos años, el Instituto de Derecho Civil -que estudia e investiga el área de las materias de Derecho Privado-, y a donde las actividades, estudios e investigaciones realizadas por las cátedras de Derecho Público no se encontraban impulsadas ni coordinadas por un Instituto.

Pero hay otra razón más importante que movilizó a profesores y autoridades de la Universidad Católica para tomar esta trascendente decisión que es la necesidad de reafirmar los principios y valores que informan a nuestra nacionalidad los que se encuentra inscriptos e institucionalizados en el Texto de la Constitución y las leyes, tratados y demás disposiciones dictadas en su consecuencia y que componen el derecho público. Y esta necesidad se ha hecho imperiosa a partir de la profunda e inédita crisis que padece el país por la que estos principios, valores e instituciones han sido cuestionados, cuando no pisoteados por gobernantes y gobernados en los últimos tiempo, actitud que ha precipitado esta dolorosa situación que nos ha llevado al borde del caos y disolución social.

Si bien la crisis principalmente ha mostrado sus dañinas consecuencias en el campo de lo económico social, sus causas no son exclusivamente económicas sino que tienen que ver con el olvido o la desaprensión con que se han tomado estos principios, valores e instituciones que hoy se queremos reafirmar con el trabajo que se quiere comenzar a partir de esta inauguración.

Con la consigna de que "se vayan todos" no solamente se puso en cuestión a una clase dirigente que no estuvo indudablemente a la altura de los tiempos en que vivimos, sino que esto también demostró que las instituciones más importante de nuestra sociedad como el Congreso, la Presidencia, los Tribunales de Justicia, los órganos de control, la administración pública, los partidos políticos, las autoridades provinciales y municipales no han servido para suplir las falencias demostradas por quienes integraban esos cargos, ni para erradicar la corrupción y depurar a las mismas de estas insuficiencias.

Vemos a diario como países poderosos del mundo, como los Estados Unidos de América, padecen de similares problemas de corrupción, o de falta de eficacia de algunos altos funcionarios del Estado, recordemos las causas que motivaron el impeachment en contra de los presidentes Richard Nixon y Bill Clinton, pero ello es suplido por el vigor de las instituciones y su capacidad de depurarse mediante su normal funcionamiento. La fortaleza de estas instituciones se cimenta y alimenta por el respeto que los ciudadanos de estos países tienen por la Constitución, la ley, los derecho de los ciudadanos y del sistema republicano democrático de gobierno.

Para pensar en una nueva clase política y dirigencial del país, capaz de hacer grandes reformas estructurales y sacarnos de este pozo en que hemos caído, hay que comenzar por revisar por qué se han olvidado principios y valores fundacionales que hicieron otrora grande a esta Nación. Por qué no se cumple con lo que dispone la Constitución y la ley. Por qué las autoridades públicas y los ciudadanos no respetan los derechos de los demás, no cumplen con el deber moral de votar y ser autoridades de mesas en los comicios. Por qué no tenemos una justicia independiente. Por qué hay impunidad. Por qué muchos rehuyen a ser citados como testigos judiciales. Por qué hay quienes se niegan a pagar sus impuestos. Por qué hay quienes se negaron a participar en la elaboración del censo nacional. Por qué hay quienes, especialmente entre los dirigentes, anteponen sus propios intereses a los del bien común. Por qué no se cumple con la Constitución y las leyes, con las cargas públicas y deberes que la misma impone y que son imprescindibles para que los derechos humanos sean ejercidos por todos.

Pertenezco a la generación que fundó esta Universidad, participé en las luchas entre "libres" y "laicos", siendo dirigente estudiantil y estudiante secundario, que tuvo por corolario el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de la libertad de enseñanza para fundar universidades privadas. Esto permitió que Córdoba tuviera de nuevo una Universidad Católica, fundada otra vez por los padres jesuitas, como cuando en 1622, estos pusieron en marcha la Casa fundada por el Obispo Trejo y Sanabria, la primera y, por siglos, la única que hubo en el territorio de lo que es hoy nuestro país y la cuarta más antigua de América. De estas tierras y de dicha Universidad fueron injustamente expulsados en 1767, cuando todavía éramos parte del Reino de España. Dicha despótica decisión real, privó a la sociedad de entonces no sólo del gran esfuerzo evangelizador de los hijos de San Ignacio de Loyola, sino también del importe aporte que los mismos hicieron a la educación, a la cultura, a las artes y a la sociedad de entonces, especialmente con las célebres "misiones jesuíticas", consideradas hoy como el más significativo intento hecho para reconocer y respetar la dignidad de los indígenas.

Pertenezco a la primera camada de estudiantes de esta Facultad, es más, fui el primero que aprobó la última materia para acceder al grado universitario de abogado, el 28 de diciembre de 1963. En 1967, a poco de egresar, me incorporé como docente a la cátedra de Derecho Constitucional, cuando era su titular el Dr. Carlos Chechi, que había sucedido al Dr. Pedro José Frías, el primer titular de dicha asignatura y mi querido profesor hoy aquí presente. Cuando falleció Chechi, a quién rindo homenaje con este recuerdo, hace ya veinte años, asumí su titularidad, y la he ejercido durante todos estos años, excepto en los que me tocó integrar la Cámara de Diputados de la Nación. He tenido oportunidad de vivir, padecer y gozar de todos los avatares de la vida de la Universidad y del país, desde que ésta existe. He sido testigo del paso de casi todas las camadas de estudiantes que pasaron por ésta Alta Casa de Estudios.

Los objetivos de la educación impartida en todos estos años se resumen en la frase del Escudo de esta querida Universidad: "La verdad os hará libres" y en la consigna que su primer rector el Padre Jorge Camargo S.J. pregonó desde el día de su fundación: "Formar hombres de ciencia y conciencia".

El Instituto que hoy fundamos intentará ampliar el campo de realización de estos propósitos y al llamarlo con el nombre de Fray Mamerto Esquiú no solamente se recordamos a uno de los beneméritos obispos que tuvo esta ciudad de Córdoba, sino también a aquel joven fraile de sólo 27 años que pronunció el célebre Sermón de la Constitución en la Catedral de Catamarca, en aquel lejano 9 de julio de 1853, en que la misma fue jurada por los pueblos.

En esa oportunidad exaltó las bondades de la Ley Fundamental que se acababa de sancionar y la de los principios liminares de nuestra nacionalidad que la misma contiene, y que hoy queremos reivindicar.

Recordaba Esquiú:

¡Que la patria(...)posea su gobierno, sus leyes, su nacionalidad! esto es santo, esto es sublime(...)

¡Que el individuo, el ciudadano no sea absorbido por la sociedad, que ante ella se presente vestido de su dignidad y derechos personales; que éstos queden libres de la sumisión a cualquier autoridad! ||La libertad sola, la independencia pura no ofrecían más que choque, disolución, nada; pero cuando los pueblos, pasado el vértigo consiguiente a una transformación inmensa, sosegada la efervescencia de mil intereses encontrados y excitados por un hombre de la providencia, se aúnan y levantan sobre su cabeza el libro de la Ley, y vienen todos trayendo el don de sus fuerzas, e inmolando una parte de sus libertades individuales, entonces existe una creación magnífica que rebosa vida, fuerza, gloria y prosperidad: entonces la vista se espacia hasta las profundidades de un lejano porvenir."

Tal es el valor de la acta de nuestros padres reunidos en Tucumán, y de su complemento, la Constitución hoy promulgada y jurada.

Afirma, quién sería luego obispo de Córdoba, que: "el inmenso don de la Constitución hecho a nosotros no sería más que el guante tirado a la arena, si no hay en lo sucesivo inmovilidad y sumisión; inmovilidad por parte de ella y sumisión por parte de nosotros."

La vida y conservación del pueblo argentino dependen de que su Constitución sea fija; que no ceda al empuje de los hombres; que sea una ancla pesadísima a que esté asida esta nave, que ha tropezado en todos los escollos, que se ha estrellado en todas las costas, y que todos los vientos y todas las corrientes la han lanzado. Los 23 años, 3 meses y 18 días perdidos con gobiernos de facto en el siglo XX son una consecuencia de olvidar esto.

Dice además que:"...el derecho público de la sociedad moderna fija en el pueblo la soberanía: pero la Religión me enseña, que es la soberanía de intereses, no la soberanía de autoridad; por éste o por aquel otro medio toda la autoridad viene de Dios(...)", ya que ningún hombre la tiene sobre otro, ni puede disponer ni limitar los derechos a su libertad, su vida o su trabajo, como lo hace la del estado, aunque quien la ejerza, en su nombre, sea elegido por el pueblo. Es deber de los representantes y magistrados legislar, gobernar e impartir justicia, como si fueran ministros de Dios y de acuerdo a los intereses del pueblo.

Exhorta, por fin, con proféticas palabras, a acatar la Constitución al decir: "Obedeced , señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad: existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina(...)"

Cuanta actualidad tienen hoy estos olvidados párrafos, cuantos males nos hubiéramos evitados si estos sabios consejos hubieran sido escuchados e incorporados en la conducta de nuestra gente. Cuando dolor hubiéramos podido evitar si estas reglas e instituciones establecidas por la Constitución hubieran sido respetadas, estudiadas y reavivadas cada vez que la aplicáramos a las nuevas relaciones sociales.

Pero este es, también, el desafío a que nos convoca con la fundación de este Instituto, los trabajos que en el mismo se hagan tendrán siempre por propósito seguir las sabias enseñanzas y principios por las que se fundó nuestra Patria, por las que se dictó nuestra Constitución y por las que se creó esta Universidad. Su estudio e investigación tendrán siempre en mira que nuestra gente, nuestra sociedad y que nuestros dirigentes antepongan siempre el bien común por sobre los intereses particulares.

Espero que Dios nos ilumine y que así sea.

Córdoba, 20 de agosto de 2002.