ELECCIONES SIN CONSTITUCIÓN NI PARTIDOS

JORGE HORACIO GENTILE (*)

La próximas elecciones presidenciales del 27 de abril no se ajustan a lo que establece la Constitución y en las mismas no tendrán protagonismo los partidos políticos.

            No se harán dos meses antes de concluido el mandato presidencial (10 de diciembre del 2003), como dispone la Constitución (art.95), y el próximo presidente al asumir, el 25 de mayo, tendrá un período de 4 años, 6 meses y 15 días, contrariando a la Constitución que prevee 4 años (art. 90). Entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre de 2003, completará el período iniciado por Fernando de la Rúa, y luego continuará con los 4 años.

            Si el elegido fuera el ex presidente Carlos Menem no podrá asumir el 25 de mayo por no haber pasado los 4 años de un período presidencial, desde que concluyó su anterior mandato, el 10 de diciembre del 1999 (art. 90), y porque para terminar el período iniciado por De la Rúa “(...) el Congreso (debe) determina(r) que funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que(...)un nuevo presidente sea electo” (art.88), y Menem no es funcionario público.

            Durante la campaña ocurrieron graves incidentes que hicieron suspender las elecciones en la provincia de Catamarca, los que fueron causados por la obtinada pretensión del candidato a gobernador del Partido Justicialista (PJ), Senador Luis Barrionuevo, de violar el art.131 inciso 5º de la Constitución provincial que exige una residencia inmediata de 4 años en la misma, requisito que dicho candidato no cumple.

            Los partidos políticos y el sistema de partidos, que son indispensables para que funcione la democracia constitucional, han colapsado, en sus dos principales fuerzas: el PJ, por la insólita presentación de tres fórmulas de candidatos a presidente, y la Unión Cívica Radical (UCR), por el fracaso de su último gobierno, por habérsele separado dos importantes líderes: Elisa Carrió y Ricardo Lopez Murphy, ahora candidatos a presidente, y por las graves irregularidades de su elección interna abierta donde triunfo a la devaluada fórmula Leopoldo Moreau-Mario Lozada.

Otra novedad es que, según las encuestas, la disputa no será entre dos candidatos, como en anteriores comicios, sino entre cinco: Néstor Kirchner, Menem y Rodriguez Saá, de origen justicialistas; Carrió y Lopez Murphy, del tronco radical, algo parecido a lo ocurrido en las últimas elecciones de Ecuador, Bolivia y Brasil.

Los candidatos carecen de estructuras partidarias propias, que cubran a todo el país, como tenían los dos grandes partidos históricos hoy fragmentado, que subsisten nucleados alrededor de liderazgos provinciales o municipales, siempre que la modalidad de prostular varias listas electorales por partido, o de presentarla “por fuera” de ellos, no se repita en las elecciones provinciales y municipales, como se insinúa. 

            Lo que queda de los partidos está desfinanciado ya que el Ministerio del Interior desde hace tiempo no liquida el “Fondo permanente partidario”, que por ley les corresponde, en proporción al número de votos obtenidos en las últimas elecciones. La reciente ley 25.600, dictada para controlar los dineros de los partidos, y una acordada de la Cámara Nacional Electoral que la complementa, no han sido eficaces para controlar los ingentes recursos invertidos ya en su campañas por los principales candidatos a presidente.

MESAS CHICAS

Ha fracasado, también, la ley que obligaba a hacer elecciones internas abiertas en los partidos y desarticular así el poder de las “mesas chica” que tienen todos ellos en sus “cúpula”, y que son las que confeccionan las listas de candidatos; y se frustró el proyecto de establecer el “voto de preferencia” para elegir a los diputados nacionales, que permita al votante marcar a sus candidatos preferidos y poder cambiar así el orden de las listas.

Las “mesas chicas” mantienen su poder, pero se han desarticulado los dos partidos políticos más importantes que ha tenido el país, sin que en su reemplazo se hayan creado otros, que cumplan con la insustituible función de mediar entre la sociedad y el estado, de renovar los liderazgos, hacer efectiva la representación política, y de ser escuelas de la democracia –para formar e informar a dirigentes y sufragantes- propósito mil veces intentado desde 1983 y nunca logrado con eficacia.

La absurda idea “movimientista”, que confundía a los partidos con la Nación, sustentada por Hipólito Yrigoyen y por Juan Domingo Perón, y de la que se hizo eco también Raúl Alfonsín, cuando habló del “tercer movimiento histórico”, fue perniciosa para el desarrollo de los partidos, por confundir la parte con el todo y por la idea hegemónica que la sustentaba, contraria al sano y competitivo pluralismo democrático.

Juan José Sebreli dice que “(...)tanto en Alfonsín como en Menem subsistían las reminiscencias del pasado; en su fuero interno y en la mejor tradición de la vieja política personalista, los dos desdeñaban a sus respectivos partidos y tendían a gobernar prescindiendo de estos. Ambos los dejaron relegados y abandonados a sus internas feroces y contradicciones insolubles, a las que ellos contribuían con su propio personalismo. Alfonsín se rodeó de los jóvenes de la Junta Coordinadora, resistidos por los miembros más antiguos del partido, y Menem de una corte variopinta y obsecuente, `el entorno menemista´.” Ellos firmaron el pacto de Olivos, gestionado por sus “operadores” (otra lacra de los partidos): Enrique “Coti” Nosiglia y Luis Barrionuevo.

Este drama estalló en medio de la más grave crisis económica conocida, con el explosivo crecimiento de la indigencia, la pobreza y el desempleo, y de un profundo cambio en la sociedad argentina, donde, como bien dice Dick Morris, en clave norteamericana, pasamos de una democracia “madisoniana” (representativa) a otra “jeffersoniana” (más directa), donde el pueblo –mucho más informado y maduro- reclama protagonismo no sólo al votar, sino cuando sus representantes deciden su destino. El voto “bronca” de las elecciones legislativas de octubre de 2001, las asambleas y protestas populares que enmarcaron la crisis de diciembre de ese año, y los nuevos liderazgos surgido de las mismas, son prueba irrefutable de este cambio, aún no institucionalizado por la anemia de los partidos y por la desconfianza de los políticos en los mecanismos participativos, como las audiencias públicas; los debates y encuestas por internet; la iniciativa, la consulta y la revocatoria popular.

Mediocridad dirigencial, debilidad partidaria, falta de propuestas y desconcierto respecto del futuro son las dificultades que afrontaremos al votar, lo que no es poco ni bueno.                                               

Córdoba, marzo de 2003.