La ley Nº 26.774, de 2012, autorizó el voto obligatorio de los jóvenes de 16 y 17 años, eximiéndolos de sanciones si no lo hacen y de ser autoridades de mesa, y reabrió un debate iniciado en la Convención Constituyente de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, cuando se consagró, para las elecciones municipales, el voto optativo de los adolescente. 

La mayoría de aquella Convención, y luego el Congreso. votó éstas cláusulas argumentando que con ello se incrementaría la participación juvenil en la política, algo que luego no ocurrió. En Córdoba, en las elecciones municipales de 1999 se empadronaron sólo 1200 jóvenes, en 2003 fueron 289; en la de 2007 se redujo a 39; 337 se anotaron en 2011 y sufragaron sólo 108, sobre unos 60 mil que se podrían haber anotado; y en 2015 se inscribieron solo 140, cuando el padrón general es de más de un millón de vecinos. A nivel nacional no hay estadísticas de los que votaron en 2013, pero estuvieron incluidos junto a los mayores en los padrones en una proporción del 1,9; o sea unos 600 mil adolescentes.

Las Cartas Orgánicas de las ciudades cordobesas de Las Varillas, Bell Ville y Colonia Caroya imitaron luego a la de Córdoba capital y por ordenanza lo hizo San Francisco. La Carta de Zapala, en Neuquén, también lo adoptó. En Las Varillas, donde en 2007 votaron 9.900 ciudadanos, se anotaron sólo 100 adolescentes y votaron nada más que 40. 

Pocos países en el mundo lo admiten como: Cuba; Nicaragua; Irán -a partir de los 15 años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las Constituciones de Austria, de Brasil, Bolivia, Ecuador; y en Eslovenia -si trabajan en forma remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 años sobre un total de 135, 6 millones. 

En la Convención de 1995, como constituyente, voté en contra de que se extendiera el voto a los 16 años por las siguientes razones:

El entusiasmo y participación juvenil que se dio cuando se recuperó la democracia en 1983 de a poco se fue apagando; y la aparición de grupos juveniles como La Cámpora que apoyan al actual gobierno nacional, que son bien retribuidos con empleos y otros beneficios, no son suficiente demostración de que aquel entusiasmo y participación inicial se reavivó. El fijar la edad de 16 años para votar; y no la de 14 o 17, debe fundarse en razones que justifiquen el por qué se impone ésta gran responsabilidad a los chicos, en una etapa de su vida en que maduran y definen su personalidad. Siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad. El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el descubrimiento del “yo”; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de si mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los conformismos sociales y la liberación del “yo”. En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se ha extendido en el  tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que los obligará a salir de sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo circunstancialmente. Ahora, con la proliferación del clientelismo político, lo ocurrido en las elecciones en Tucumán y en otras partes del país, no parece prudente mantener esta carga pública a los adolescentes, que, además, puede prestarse para el clientelismo. 

Hay excepciones y casos de maduración temprana, pero es la excepción que confirma la regla. Me pregunto: ¿Vale la pena forzar la maduración de los adolescentes en pro de una participación que nadie pide, ni le agrega nada positivo a una personalidad en búsqueda de modelos dignos de imitación y de estímulos gratificantes? ¿No sería mejor tratar de resolver antes otras de sus necesidades básicas cómo: salir de la pobreza, evitar la repitencia o la deserción escolar, o de acceder a un trabajo digno? 

Los políticos debemos plantearnos si con esto se ayuda a mejorar la vida de los adolescentes o si los usamos para conseguir que nos voten. 

                        Córdoba, septiembre de 2015. 

(*) Profesor emérito de la Universidades Nacional y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba., fue  convencional constituyente en la Municipalidad de Córdoba en 1995 y diputado nacional.