Las masivas manifestaciones en defensa de las universidades públicas produjeron en el gobierno y a la sociedad argentina un impacto que merece analizarse.
1. No es posible seguir con las prórrogas de los presupuestos nacionales para el año posterior, cuando no lo sanciona el Congreso antes de fin de año, ni el permitir delegar al Poder Ejecutivo (PE) su actualización (artículo 27 de la ley 24.156), lo que se repitió muchas veces en nuestro país, y como ocurre ahora con el del año 2023, que sigue vigente en 2024 por el Decreto presidencial n° 88/1923 que además le permite “autorizar gastos, ordenar pagos y efectuar desembolsos”, ya que las cifras de los recursos y partidas del año anterior están desactualizadas por la inflación. La insuficiente y demorada provisión de fondos hecha por el PE a las universidades motivó las marchas del 23 de abril pasado.
En Estados Unidos de América, si el Congreso no aprueba el presupuesto anual no se prorroga, y al comenzar el nuevo período ni siquiera se pagan los sueldos del personal del gobierno federal hasta que el Congreso lo sanciona.
2. La indignación popular, que hizo que hasta algunos que votaron a Javier Milei y dirigentes del gobierno anterior se plegaran a las marchas; puso en debate no solo la insuficiencia de recursos de la universidades sino también la calidad de la educación, en todos los niveles.
Desde la de los niños que antes eran educados en sus familias, y que ahora; porque los padres trabajan, o están separados o alguno falleció o está ausente; ahora se los envía en guarderías o jardines maternales que no prestan la educación que necesitan en una etapa de sus vidas, donde su capacidad de asimilación es superlativa. Ejemplo de ello es que los niños aprenden idiomas extranjeros o adquieren hábitos, como el de la lectura, con más facilidad que los universitarios.
Las pruebas PISA de 2022 demostraron que los estudiantes argentinos de 15 años -evaluados en lectura, matemáticos y ciencias- obtuvieron resultados más bajos que la mayoría de los otros países latinoamericanos. La deserción de los estudiantes secundarios es significativa.
Los ingresantes a las universidades argentinas superan en cantidad a los de Brasil y a Chile, a donde los exámenes de ingreso son estrictos. Pero los que egresan son muy pocos. Hay mucha deserción y las carreras se cursan en más años que la duración de las mismas. En la Universidad Nacional de Córdoba en e1 año 2023 contabilizó 180.655 alumnos (incluyendo los de pregrado y posgrado), ingresaron 32.959 y solo egresaron 7.120.
3. El reclamo de más presupuesto para las universidades estatales demuestra que la “gratuidad” no es tal, ya que en nuestro país las sostenemos los contribuyentes, lo que beneficia a alumnos de altos o buenos ingresos. Muchos de los cuales, que recibieron educación en escuelas primarias y secundarias privadas aranceladas, luego cursaron “gratuitamente” en universidades estatales en iguales condiciones que los que no pueden pagar aranceles. Esto significa que el reparto no es equitativo, porque beneficia a unos pocos y perjudica a muchos, especialmente a los indigentes o pobres que no pueden ingresar.
Además, los presupuestos universitarios reciben también fondos que aporta el sector privado por servicios que se les presta, que podría ser aumentados, como ocurre en otros países. El arancelar a los estudiantes extranjeros no residentes es otro tema a debatir.
En 1989, siendo diputado nacional, presente un proyecto de ley, que no se aprobó, que obligaba a los contribuyentes del impuesto a las ganancias que sean
estudiantes regulares de universidades estatales argentinas, o padres de los
mismos, que sean hijos menores y que dependen de ellos; a oblar, además,
un monto destinado a las universidades estatales.
4. La falta de auditorías a las finanzas universitarias es otro de los temas a analizar, ya que ello puede esconder que el uso de estos recursos no sea el que corresponda. No se trata de los siempre insuficientes sueldos de los docentes, sino como los administran quienes ejercen el gobierno y la administración de las casa de altos estudios, y los que son necesarios para mantener sus edificios, campus, bibliotecas, hospitales, laboratorios, obras sociales, comedores, centros deportivos, radios o canales de televisión, etc.
Reforma en la educación
Este impacto indica que la reforma educativa es prioritaria, si queremos salir de la crisis que padecemos y que nos aísla del mundo. Ella se podría debatirse en un tercer Congreso Pedagógico Nacional; como los realizados en nuestro país en 1882, que entre otros avances hizo posible la ley 1420 que estableció la educación primaria obligatoria, y el de 1984 -1988, durante el gobierno de Alfonsín; a donde se discuta proyectos de políticas de estado sobre educación pública que se adapten a las necesidades de los alumnos del siglo XXI.
El gobierno nacional debería convocar a participar a este Congreso a todos los niveles donde se educa en nuestro el país, como ocurrió en los dos Congresos anteriores; e invitar a expertos de otros países, como ocurrió en el de 1882.
Ello ayudaría a resolver otra de las causas de nuestros males, que no son solo la inflación y la inseguridad.
