Las constituciones de los distintos países de las Américas, desde que USA la puso en vigencia en 1789 y Argentina en 1853, son las normas positivas fundamentales que organizan las distintas sociedades políticas y sus respectivos estados –centralizados o descentralizados- de este continente, y donde se declaran y garantizan los derechos humanos y sociales, tomando como referencia y reconociendo el derecho natural que los inspira y los precede (Ver: los fundamentos y el texto de la Enmienda IX de la Constitución de USA y el 33 de la de Argentina).

Formalmente la gran mayoría de las constituciones que hay en esta parte del mundo se han dictado mediante una norma positiva única, que ha tenido luego pocas o muchas reformas; y otra, como la de Canadá, que siguiendo el modelo británico, se trata de una constitución material, que es una amalgama de actas codificadas y tradiciones no codificadas y convenciones. En los países federales hay también constituciones en los estados o provincias que los integran. Algunas constituciones no siguen los principios y reglas de los sistemas republicanos y democráticos de gobierno y admiten una forma de gobierno totalitaria o autoritaria en la que no se respetan los derechos humanos y los principios republicanos y democráticos de gobierno, como en la Cuba (“El Partido Comunista de Cuba, único, martiniano, fidelista, marxista y leninista, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política superior de la sociedad y del Estado…” Art. 5 Constitución de 2019), Venezuela y Nicaragua.

Las grandes transformaciones que se han producido en el siglo XXI en el mundo han cambiado nuestro modo de vida y exigen una educación adecuada para esto que parece una nueva era.  Ello, porque se ha acentuado el fenómeno de la globalización -a pesar de alguna reacción nacionalista como del Reino Unido, con su retiro de la Comunidad Europea (Brexit), y la de Cataluña, que intentó separarse de España- y la aparición de algunos presidentes que lo predican, como Donald Trump, con su “América Primero” o Jair Bolsonaro en Brasil. Por las grandes protestas violentas que se han vivido en algunos países; el espectacular desarrollo tecnológico, que ha revolucionado el uso de los medios y redes de comunicación y generado las más grandes empresas multinacionales donde se ha concentrado mucho poder económico y tecnológico; el crecimiento de la pobreza, la informalidad y las migraciones; las catástrofes producidas por el cambio climático, los incendios, tsunamis, huracanes, terremotos y contaminación del aire y de las aguas; y las graves consecuencias que ha traído la Pandemia del Covid -19.

Algunos países en crisis decidieron que para superarla tenían que cambiar su constitución, como ocurrió en 1991 en Colombia, y ahora está pasando en Chile, para reemplazar la dictada por el dictador Augusto Pinochet de 1981, aunque fuera muchas veces reformada por los posteriores gobierno constitucionales.

Temas a revisar

Esta nueva situación nos obliga a pensar en cómo actualizar nuestras constituciones; vía interpretación, reglamentación o reformas; ya que sus textos, en general, son lo suficiente amplios que no justifican un reemplazo, salvo las que entronizaron un régimen totalitario o autoritario de gobierno o no respetan los derechos humanos.

Los temas que merecen revisión serían los siguientes:

·      Las normas o conductas que permiten la concentración de poderes en los Ejecutivos, y que propician la reelección de sus titulares, el debilitamiento de los Poderes Legislativos y Judiciales, las autonomías de los estados locales o provincias, de los municipios y de los órganos de control. En Argentina se permitió la reelección presidencial por un mandato en la reforma de 1994. El 15/2/ 2009 se realizó en Venezuela un referéndum para permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida, con resultado favorable siendo promulgada por el Presidente de la República, el 19/2/2009. En Bolivia el 21/2/2016, el presidente Evo Morales perdió en un referéndum que lo habilitara para un cuarto mandato, pero el Tribunal Constitucional de ese país falló que el actual presidente podía ser reelegido indefinidamente por ser ello un "derechos humanos".

·      Los estados de emergencias  o de excepción constitucional, como el estado de sitio o de asamblea o de catástrofe, el toque de queda, el dictado de decretos de necesidad y urgencia (que materialmente son leyes) por los Poderes Ejecutivos, las intervenciones federales a las provincias o estados miembros o municipios; deberían ser reemplazadas por otras más adecuadas a la época actual o que cuando se dicten se precisen mejor su carácter, controles y limitaciones materiales y temporales de su vigencia. La Constitución Argentina y muchas otras no prevén las emergencias sanitarias, y las emergencias genéricas declaradas se prolongan por años.

·      Los mecanismos de participación popular, las elecciones, las audiencias públicas o el uso de los mecanismos de democracia semidirecta (iniciativas, consultas populares y las revocatorias) deberán ser mejor reguladas y utilizadas, para canalizar mejor los reclamos y las protestas, que en los últimos tiempos se han tornado masivas, y en algunos casos violentas. Las nuevas tecnologías pueden ayudar para hacerlas más efectivas, utilizando los medios electrónicos y digitales.

·      La pobreza y la desigualdad son otro de los graves problemas a resolver ya que las nuevas tecnologías han acelerado la concentración del  poder y de la riqueza, y han aumentados las distancias entre los diversos sectores sociales, respecto de sus ingresos, pero también de que puedan trabajar y hacer uso de los servicios esenciales como los de la alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad. Rescatar a los que están bajo la línea de la pobreza implica todo esto, y no sólo darles un subsidio o un haber mínimo.

·      La corrupción es otro de los males que más han afectado en los últimos tiempos a los políticos y a los gobiernos por lo que se hace necesario ajusta las normas penales y los medios, mecanismos y órganos de control  para que ello deje de empañar su accionar, desprestigiando los órganos que integran y a la democracia representativa.

·      El cambio climático, los problemas ambientales y ecológicos ya han sido incorporados en las últimas reformas constitucionales y en tratados internacionales, pero ello no es suficiente ni se adecua a la urgente necesidad de solucionarlos cuanto antes. Para ello se necesita voluntad política y una mejor y adecuada regulación y ejecución para evitar el alarmante deterioro que se está produciendo.

·      Las nuevas tecnologías nos han cambiado la vida y las relaciones intergeneracionales. El uso de la robótica, la inteligencia artificial, las nubes, la automatización, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet de las cosas (I o T), las impresoras 3D, los drones y los vehículos eléctricos y autónomos nos obligan también ha dictar reglas que permitan su mejor uso y regulaciones para que dichos medios respeten el ejercicio de los derecho de las personas y no permitan que se acentúe la desigualdad entre los que la utilizan y lo que no tienen oportunidad de hacerlo.

·      La revolución en el plano de la información es otro de los factores que nos ha cambiado la vida no solo a la ciudadanía, sino también al funcionamiento de los gobiernos, la administración de los órganos públicos y de las instituciones privadas, que hoy merecen ser reformuladas  para adecuarse a estos vertiginosos cambios y mejoren su eficacia.

·      La descentralización política y administrativa de los organismos públicos y privados deberá actualizarse e intensificarse para que la aplicación de las leyes y los servicios estén más cerca de los ciudadanos, de sus familias y de su entorno.

·       La integración regional y mundial se ha intensificado con los fenómenos antes señalados y los importantes pasos dados en otras partes del mundo, como la Unión Europea; o en nuestro continente con la creación del Mercosur, increíblemente demorado en su ampliación o mejor funcionamiento. Esto ha hecho que varias constituciones americanas se han incorporado cláusulas que tienen que ver con los propósitos de integración continental o mundial. No hay duda que se necesita reformar y actualizar los órganos internacionales como la ONU, la OEA, el G 20, UNESCO, OMS, etcétera. La idea de Francisco de Vitoria de una “autoridad para todo el orbe”  pregonada también por Emmanuel Kant, Jacques Maritain, Arnolt Toybee, entre muchos otros, hoy es una realidad que con la globalización no podemos postergar, aunque no parezca fácil encararla, con una idea republicana y democrática, respetando la soberanía( o mejor la autonomía) de los estados nacionales, y donde los grandes problemas internacionales estén reglados por normas de esa jerarquía, dictadas por organismos democráticamente elegidos, y aplicadas por órganos ejecutivos y judiciales internacionales.