EL AUTORITARISMO EN LATINOAMÉRICA

Por Jorge Horacio Gentile

Los países de Latinoamérica al comenzar el siglo XXI cuentan con gobiernos democráticos sometidos a sus respectivas constituciones; donde la participación femenina es significativa, ya que las mujeres han equiparado su rol social con el de los varones, lo que se puede observar incluso en el campo de la política donde encontramos incluso presidentas de repúblicas, como ocurre ahora en Chile y Argentina; los derechos humanos han cobrado un papel muy importante en la región y su protección es cada vez más una preocupación prioritaria en nuestras sociedades y gobiernos,  los derecho de las minorías (verbigracia: de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de las regiones postergadas, etcétera) han adquirido una importancia fundamental y ello se puede comprobar con la presencia de aborigenes en algunos parlamentos y en la vida política; y la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales se ha tornado en otro de los propósitos significativos que caracterizan a nuestras sociedades en el siglo que comienza.

Los gobiernos autocráticos surgidos de golpes de estado y presididos por militares, que quebrantaban el orden constitucional, que descreían de los órganos legislativos, de los partidos políticos, de la prensa libre, de la Democracia Constitucional y de los derechos humanos son sólo un recuerdo, o, mejor, un mal recuerdo del pasado que nadie o muy pocos quieren repetir, y que en muchos países hay condenados y procesos judiciales para castigar a los responsables y culpables de estos quebrantos, que atentaron seriamente contra los derechos muchas personas.

Como herencia de ese pasado nos queda: Cuba con un régimen político comunista, que no encuentró nunca como aggiornarse después del derrumbe de la Unión Sovietica, ni como contruir una Democracia respetuosa de los derechos de los que viven y de los que se tuvieron que irse de la isla, y una economía que conjuge las necesidades de un postergado desarrollo, con los progresos alcanzados en educación y en salud; Colombia, con una guerrillera cincuentenaria, violenta, que tiene secuestrada a muchas personas, con vínculos con el narcotráfico y que no encuentra el camino para insertarse un  proceso democrático, que no necesite de la ayuda norteamericana para sostenerse y defenderse de los cárteles de la droga; y Haití un país que no termina de organizarse como sociedad política con un estado que sea respetado por quienes lo habitan y desean que se les respeten sus derechos políticos y civiles.

Pero la Democracia Constitucional, como convicción muy arraigada en nuestras sociedades, no ha tenido el desarrollo que los que la soñamos mucho tiempo pretendíamos. La globalización, que priorizó el mercado de capitales, y las políticas neoliberales, que se disfundieron a partir del “Consenso de Washington”, acentuaron las desigualdades entre los que tienen mayores y menores ingresos, aumentaron la pobreza y la indigencia, lo que permitió que las ayudas estatales se convirtieran, muchas veces, en instrumentos de políticas clientelísticas y populistas; que se privara de recursos y de eficacia a los servicios educacionales, de salud y de seguridad; y no se promoviera y difundiera el empleo genuino.

En lo político, luego de la ola neoliberal, que caracterizó la década de los noventa, apareció una tendencia izquierdista liderada por Hugo Chávez Frías en Venezuela, que apoyado en los petrodólares, y en una estructura política militarizada, que dividió a la sociedad de sus país en dos bandos hostiles e irreconciliables, que desafía al gobierno norteamericana, que  ha iniciado una preocupante carrera armamentísta y que pretende exportar su experiencia a otros países de la región. La Bolivia de Evo Morales, ha seguido igual camino y la división política se ha tensado, en ese país, de tal forma que hasta se llegó a hablar de la secesión de los departamentos de la “media luna”, que claman por su autonomía y que se oponen a la política centralista de quién fuera el jefe de los cocaleros y quién reivindica los derechos de los pueblos originarios. Daniel Ortega en Nicaragua, Rafale Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Nicaragua, Fernando Lugo en Paraguay y, en alguna medida, los Kirchner (Néstor y Cristina Fernández) en Argentina emulan esa tendencia.

Mientras tanto: Chile, desde 1990 cuando recuperó la democracia; Brasil, con Lula da Silva; Uruguay con Tabaré Vázquez; y, en gran medida, Perú con Alan García, han adoptado políticas inspiradas en los principios de la social-democracia y la democracia cristiana, que han fortalecido sus funcionamiento democrático, sus sistemas institucionales y de partidos; han trazado una línea de política económica que le viene dado buenos resultados; y tienen mejores relaciones con Estados Unidos, Europa y las nuevas potencias asiáticas, China y la India.

En la centro derecha lucen los gobiernos de países como México,  que después de 70 años de gobiernos del PRI tuvo por presidentes a Vicente Fox Quezada, primero, y, ahora, a Felipe Calderón; Colombia, con la presidencia del popular Alvaro Uribe Vélez; y Elías Antonio Sanca de El Salvador, cuarto presidente del partido ARENA. 

Los propósitos de integración parecen ser una preocupación de todos los gobiernos, al menos si tomamos cuentas las eficaces intervenciones de los presidentes de la región para solucionar las dos crisis más graves este año, como fueron las que tuvieron lugar entre Ecuador y Colombia, por la intervención de las fuerzas armadas de este país en territorio fronterizo del primero en el que murió el jefe de las FARC Manuel Reyes, y que se resolvió en la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo en el mes marzo; y en Santiago de Chile, el mes pasado, cuando se reunieron la cumbre de los presidentes del UNASUR ,convocados por la presidenta Michelle Bachelet, donde se superó el conflicto producido en los enfrentamientos entre oficialismo y oposición en Bolivia, que tuvieron un saldo de 30 muertos y muchos heridos.

Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos están rotas porf decisión de los gobiernos de Venezuela y Bolivia.

La coyuntura económica ha sido, al menos hasta el crack de los créditos hipotecarios en lo Estados Unidos, por demás favorable a las economías de la región, especialmente por los precios internacionales de los comodities, y por la necesidades de consumo de los grandes mercados, como son los de Estados Unidos y China.

Sin embargo, los caminos de la integración están muy lejos de alcanzar el rumbo lineal ni la dinámica que tuvo en la integración Europa después de la segunda gran guerra. 

LAS NUEVAS TENDENCIA AUTORITARIAS 

El teniente coronel Chávez, que estuvo preso dos años y medio por ser golpista en 1992, arrasó en las elecciones presidenciales y de constituyentes (donde su Polo Patriótico obtuvo el 92 por ciento de las bancas) e hizo aprobar una extensa Constitución (de 350 artículos y 20 transitorios) ratificada en el plebiscito del 15 de diciembre del 1999 por el 72 por ciento de los votos con una abstención del 50 por ciento de los electores.

De este modo se reemplazó al régimen político democrático, inaugurado en el Pacto de Punto Fijo de 1959 y que se plasmó en la Constitución de 1961 (que tenía 252 artículos), y que tuvo por principales protagonistas a los presidentes surgidos de los partidos Acción Democrática y el social cristiano COPEI, produjo un cambio muy importante en ese país.

La nueva Constitución dispuso “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”(preámbulo) y que “Venezuela se declara República Bolivariana” (art. 1).

La Constitución divide al Gobierno en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Extiende de cinco a seis años el mandato del presidente, con una reelección (que antes estaba prohibida por 10 años) y amplía las atribuciones del Poder Ejecutivo, al permitirle: nombrar y remover al vicepresidente (cargo nuevo) y a los ministros; presidir y disolver la Asamblea Nacional; convocar a Asamblea Constituyente, para dictar una nueva Constitución, y a referendo para abrogar leyes; declarar el estado de emergencia y restringir las garantías personales; dictar decretos con fuerza de ley y designar a cinco de los nueve miembros del Consejo de Estado que lo asesora.

En la Asamblea Nacional -el Poder Legislativo- se suprimió al Senado (es el único Estado federal americano unicameral), y es integrada por diputados de los Estados, con mandatos de cinco años, revocables popularmente, reelegibles sólo en dos períodos y con el deber de rendir cuentas.

El Tribunal Supremo -cabeza del Poder Judicial- está dividido en salas, entre las cuales está la Constitucional, que puede anular leyes nacionales, Constituciones y leyes de los Estados. La Justicia militar integra el Poder Judicial y se reconoce la Justicia indígena.

El Poder Ciudadano ejerce el Consejo Moral Ciudadano, que vela por la ética pública y la moral administrativa, y lo integran el defensor del Pueblo, el fiscal General y el contralor General de la República, con mandatos de siete años. El Consejo Nacional de Elecciones -que ya existía- de cinco miembros, nombrados por la Asamblea, es el Poder Electoral.

Los Estados tienen gobernador y legislaturas – de siete a quince miembros- elegidos cada cuatro años y con posibilidad de una reelección, y se garantiza la autonomía municipal.

Tiene una larga declaración de derechos humanos pero ataca la libertad de expresión, al declarar el derecho a la información "veraz e imparcial" y limitar la informática (Internet) en garantía del honor y la intimidad, y abre la posibilidad de legalizar el aborto.

Hay cláusulas curiosas como las que invocan los tratados y laudos arbitrales de límites territoriales "no viciados de nulidad" (¿quién lo decide?); declara que la nacionalidad no se pierde al optar o adquirir otra; la objeción de conciencia no puede invocarse para eludir la ley; los sindicalistas deben hacer declaración jurada de bienes y serán sancionados cuando abusen en su provecho de la libertad sindical. La televisión debe subtitular y traducir a la lengua de señas para los sordos; no prescriben las acciones por delitos contra los derechos humanos, el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.

En ésta vigésimo séptima Constitución venezolana, evocativa de Bolívar y empeñada en afirmar la democracia y los derechos humanos, hay un diseño de poder, nacionalista y populista, hecho a la medida del presidente Chávez, que la pretendió reformar en 2004, sin éxito, para poderse hacer reelegir infinitamente, y cuenta actualmente con una Asamblea Nacional donde no hay opositores, que le ha delegado poderes para dictar las leyes que crea conveniente dictar

El 2 de diciembre de 2007 se hizo un referendum para reformar 69 artículo de la Constitución, entre los cuales estaba el que extendía el período presidencial de 6 a 7 años y establecía que la reelección era ilimitada (art. 230), el Presidente tendría el control sobre las reservas internacionales y se eliminaba la autonomía del Banco Central de Venezuela. Se facultaba al poder estatal  tomar activos de empresas privadas sin órdenes judiciales. La remoción de los miembros del Tribunal Supremo por simple mayoría de la Asamblea Nacional y no con los dos tercios como lo exige en la Conastiticuón de 1999. Se retiran los plazos máximos para los estados de alerta, de emergencia, de emergencia económica y de conmoción interior y exterior, siendo reemplazado por "durarán mientras se mantengan las causas que los motivaron". Los estados de excepción deben ser aprobados sólo por la Asamblea Nacional. Sólo el Presidente de la República puede dejarlos sin efecto.

En dicho referendum Chavez fue derrotado, el No a la reforma triunfó, en los dos bloques en que se había dividido la votación, por escaso margen y en comicios en que hubo un 44,11 por ciento de abstención.

El presidente Chavez, después de la derrota, declaró: “ No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva...” ya que anunció que segurían trabajando en favor del Proyecto de Reforma Constitucional para "construir la democracia socialista". Luego agregó"Quizás no estamos maduros para empezar un proyecto socialista, sin temores. No estamos listos todavía para emprender un Gobierno abiertamente socialista". También declaró que "la abstención nos derrotó".