DISCURSO DE CIERRE DEL SEMINARIO SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA POR SU DCIRECTOR EL DOCTOR JORGE HORACIO GENTILE ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO “FRAY MAMERTO ESQUIÚ” DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA

Señoras y señores:

En estos días se cumplen trescientos cuarenta años del mayor atentado contra la libertad religiosa que se recuerde en estas tierras, cuando las mismas pertenecían al Rey de España, Carlos III, que influido por los ministros condes de Aranda y conde de Floridablanca, resolvió expulsar a los jesuitas, reservando “en su real ánimo” los fundamentos del decreto que lo ordenó, del 27 de abril de 1767. El mismo se ejecutó en esta ciudad de Córdoba el 23 de julio de ese año, cuando partieron hacia Buenos Aires en carretas 133 miembros prisioneros de la Compañía de Jesús, residentes en esta ciudad, La Calera, Alta Gracia, Caroya, Jesús María, Santa Catalina, San Ignacio de los ejercicios y La Candelaria; que a su vez el 29 de setiembre fueron trasladados a la metrópoli en una fragata de guerra. Se trataba de sacerdotes, algunos de gran valía intelectual, coadjutores, novicios y algunos escolares que dejaban sus iglesias, conventos, la Universidad, el Colegio Máximo, y las seis estancias en plena producción de Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia, La Candelaria y San Ignacio, con las que se financiaba la obras que la Compañía desarrollaba en Córdoba. Estos bienes le fueron incautados.

Pero este no es el único atentado contra la libertad religiosa que ocurrió en nuestra historia en contra de la Iglesia Católica, vale recordar los más importantes como:

1. El suscitado después de la Revolución de Mayo entre los Gobiernos Patrios y la Iglesia respecto del “Patronato” , lo que dejó a Buenos Aires casi veinte años sin obispo titular;

2. Las reforma eclesiástica que Rivadavia llevó a cabo en la Provincia de Buenos Aires en 1822 y la que hicieron, entonces, otras Provincias, que significaron la confiscación de gran cantidad de bienes y la indebida intromisión del gobierno civil en la vida de las ordenes religiosas y de la Iglesia;

3. Las injerencias del poder civil en el ámbito de la Iglesia Católica que se dispusieron en el texto de la Constitución en 1853 como mantener del “Patronato”, que permitía participar a la autoridad civil en la designación de obispos de la iglesias catedrales, nunca aceptado por Roma desde la Revolución de Mayo; la censura que significaba el pase o exequátur de las normas y decisiones de la Santa Sede dirigidas a las autoridades y fieles de nuestro país y la exigencia de que el Congreso autorice la introducción de nuevas ordenes

religiosas, todas las cuales se mantuvo hasta el Acuerdo entre el Gobierno Argentino y la Santa Sede de 1966 y la reforma de la Ley Fundamental de 1994;

4. La separación del Vicario Jerónimo Clara de la diócesis de Córdoba por criticar la ley de Educación Común y de Registro Civil que se había sancionado en 1884 y la expulsión del país del Nuncio Apostólico de Su Santidad Monseñor Luis Mattera, durante el primer gobierno de Julio Argentino Roca, que significó la interrupción de las relaciones con la Santa Sede hasta el segundo gobierno de Roca en la década de 1890;

5. Los conflictos con el gobierno peronista en la década del 50, con la expulsión de monseñor Tato y Novoa y el incendio de las iglesias en Buenos Aires;

6. El asesinado del obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, y la desaparición, muerte y encarcelamiento de muchos sacerdotes, monjas y fieles durante la represión durante el último Gobierno Militar.

A estos atropellos hay que sumar los padecidos por otras confesiones religiosas como las prohibiciones a practicar cultos que no sea el Católico, las censuras discriminación a los judíos y el antisemitismo, que tuvo las más variadas expresiones en nuestro país, el más notable fue el atentado a la AMIA donde funcionaba un rabinato; los atentados a personas por su condición de religiosas, a templos, a cementerios, a mezquitas y demás lugares sagrados, alguno de ellos ocurridos durante

este año.

Felizmente los mayores atropellos antes descriptos son hechos de pasado, y los pocos que ocurren en estos días no son graves ni frecuentes. Las relaciones entre las religiones, la Sociedad y el Estado, pasan por un buen momento. Somos consientes que hoy por hoy todas las preocupaciones están puestas en la grave crisis que nos afecta como personas, como Nación, como Sociedad, y cuyas consecuencias han determinado un fuerte cuestionamiento a nuestra dirigencia y al Estado mismo.

Además de ello, en la última década ha habido una creciente revalorización de los religioso dentro de la Sociedad Argentina, las encuestas muestran un mayor acercamiento a Dios y a la religión de los argentinos y las multitudinarias expresiones de religiosidad popular, en el marco de la Iglesia Católica y de otros cultos, son una prueba de ello. Que a pesar del quiebre de la confianza en los dirigentes, en las instituciones e incluso entre argentinos, se mantiene una importante dosis de credibilidad por lo religioso y por quienes se ocupan de este menester: Que a pesar de que algunos sectores muy minoritarios mantienen alguna intolerancia religiosa, se advierten algunos signos en materia de convivencia, diálogo y colaboración en tareas sociales o culturales, entre los cultos, que es conveniente destacar, como lo hizo en su reciente informe el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad Religiosa, que visitó nuestro país el año pasado.

Esta problemática nos impulsó a organizar este Seminario sobre Libertad Religiosa, junto a los integrantes del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), que acababa de fundarse en Buenos Aires luego que dejó de funcionar en el ámbito de la Secretaría de Culto de la Cancillería el Consejo Asesor para la Libertad Religiosa de la que sus fundadores habían sido miembros, y en el ámbito del Instituto de Derecho Público “Fray Mamerto Esquiú” que acababa de organizarse en la Facultad de Derecho de esta Universidad. En el mismo se pretendía, y creo que ello se logró, profundizar el diálogo y

sacar al debate algunos temas vinculado de los no se habla en nuestro país desde hace años, probablemente por temor a que se produzcan conflictos, pero que por ello no dejan de ser problemas no resueltos o mal resueltos por nuestras leyes, por nuestra sociedad y por nuestra organización estatal.

Estas cuestiones son entre otras:

1.La situación jurídico de las demás religiones que no sean la Católica, Apostólica y Romana; la situación jurídica de las organizaciones parareligiosas, muchas de las cuales cumplen un papel muy destacado en nuestra sociedad;

2. La presencia de Dios y lo religioso en el campo de la educación de gestión estatal, en todos sus niveles; el financiamiento de las confesiones religiosas y las obras culturales que administran; la no compatibilización legislativa y administrativa de aspectos que tienen que ver con el matrimonio, la familia, la educación y la salud entre las leyes civiles y las canónicas y las que rigen en los distintos cultos;

3. El combate al fraude y al engaño que padecen algunas personas con el pretexto de prácticas de apariencia religiosa.

Pero a esta problemática hay que agregar la importante contribución que desde lo religioso espera nuestra Sociedad en crisis, especialmente en lo referido a exaltar y solidificar los valores morales y éticos, tan deteriorados desde que comenzó la declinación argentina por la acción corrosiva de la corrupción, el no respeto por la ley y por la degradación de la dignidad de la persona humana.

Creo que el diálogo y debate que se ha dado en este Seminario abre un camino, una nueva forma de encarar la problemática del ejercicio y regulación de la libertad religiosa en una Sociedad democrática y pluralista, que desde el preámbulo de su Constitución pide “la protección de Dios,

fuente de toda razón y justicia”. El ámbito universitario ha demostrado ser adecuado para estos propósitos. Espero que los frutos que el mismo deja sirvan para un más pleno desarrollo de la dimensión espiritual del hombre argentino.

Córdoba 24 de setiembre de 2002.