El presidente Mauricio Macri ha convocado a un amplio acuerdo nacional para que juntos hagamos el cambio, a lo que nadie puede honestamente negarse, incluso cediendo algo de lo aspiran. Pero como cambiar no es lo mismo que “parchar”, es importante que el gobierno conteste algunas preguntas referidas al llamado cambio institucional.

El cambio político

·         ¿Se va a cumplir con la Constitución (Art. 45) para de que de una vez por todas, se fije de acuerdo al último censo de población la cantidad de diputados que corresponden a los 24 distritos en que se divide el país?  Para que Córdoba, que solo elige 18, deje de tener menos que la ciudad de Buenos Aires, que tiene 25, y Santa Fe, que está representada por 19, a pesar de que ambos distritos tienen menos habitantes.

·         ¿Si se va a adoptar el voto de preferencia por el que el que vota puede marcar su preferencia por alguno de los candidatos cualquiera sea el orden de ubicación en la lista a los efecto que el mismo pueda ser cambiado de acuerdo a las preferencias que marquen los electores?  Como existe en Brasil, en la Constitución de Córdoba -aunque no está reglamentado- y en la Carta Orgánica de la Municipalidad de Córdoba -donde la reglamentación exige un mínimo de preferencias absurdamente muy alto para cambiar las posiciones de los candidatos, por lo que no lo usan los que sufragan.

·         ¿Se va a judicializar el manejo de las elecciones, sin que se lo tercerice a empresas privadas (como ocurre con INDRA, que hace el escrutinio provisorio desde 1997, y  MSA de Sergio Angelini, que tercerizó la Boleta Única Electrónica de la CABA y en Salta) y va a adoptar el voto electrónico, siguiendo la exitosa experiencia de Brasil, la India y de muchos de los condados de EEUU?

·         ¿Si se va a reformar el sistema de elecciones primarias abiertas (PASO), para que dejen de ser una encuesta y sean realmente elecciones interna de los partidos o alianzas que postulan más de un candidato?

El cambio en la Justicia

·         ¿Se va a transferir toda la Justicia “Nacional” (ejercen igual jurisdicción que los tribunales provinciales, y que son más de la mitad de la Justicia Federal que costeamos todos los argentinos) a la Ciudad de Buenos Aires?

·         ¿Se van a cubrir la gran cantidad de vacantes (más de un cuarto del total) de las magistraturas que hay actualmente en el Poder Judicial de la Nación?

·         ¿Si se va a suprimir el recurso de casación a la Cámara Nacional de Casación Penal, con sede en Buenos Aires, con el que se recurren las sentencias de los tribunales orales que hay en el  inferior del país, y reemplazarlos por un recurso de apelación ante las Cámaras Federales que con sede en las provincias? Con ello se evita que los recursos se limiten sólo a revisar el derecho y no se los hechos que fundan los fallos, como exigió la Corte Suprema en el caso “Casal”, y porque la Constitución exige que los juicios criminales deben hacerse en la misma provincia (Art. 118 Constitución Nacional).

Cambio en la educación

·         ¿Si se va a establecer una evaluación a los alumnos que terminan el ciclo  educación segundaria, como tienen muchos países en la actualidad? Para poder conocer la calidad de la educación secundaria y enfrentar el grave problema de la deserción escolar en el secundario y en las universidades.

No es mucho lo que se pregunta, pero las respuestas serán  importante para saber si el Cambio es en serio.

                                Córdoba, noviembre de 2017.