El fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que, por seis votos contra tres, "autoriza" a practicar el aborto de un niño que tiene 20 semanas de gestación me parece un horrible autorización a matar, que atenta seriamente contra los derechos humanos de un ser que parece no tener defensa a su derecho a vivir.
Los argumentos expresado de que el aborto terapéutico (en este caso la madre padece una enfermedad cardiovascular severa, hipertensión y obesidad) no está penalizado por el Código Penal no justifican una decisión como esta donde se desconoce el derecho a la vida de la persona por nacer, reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales, como el pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derecho del Niño.
Espero que dicho fallo sea apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que este alto tribunal revoque esta insólita decisión, ya que no hay disposición alguna en la Constitución, en los tratados internacionales, ni en las leyes de faculten a un tribunal de justicia a dar autorización a quitar la vida a una persona concebida en el seno materno.
Quitar la vida a una persona por nacer "por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta", si se lo hace con el "fin de evitar un peligro en la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios", según el artículo 86 del Código Penal, "no es punible" -lo que no significa que la conducta no este tipificada como delito y sea antijurídica-; pero ello no es razón para justificar moralmente el matar, ni significa que los jueces, antes de que ello ocurra, tenga potestad para autorizar a nadie para quitar la vida a una persona.
No faltan quienes quieren ver en esta decisión un paso para la total despenalización del aborto, lo que significaría un grave atentado contra los derechos humanos de los niños por nacer.
Mi opinión, en definitiva, es que la vida de la madre tiene tanto valor como la del hijo, que en este caso resulta ser el más débil, pero ninguna de las dos puede ni debe ser quitada por nadie, ni siquiera por orden judicial.